La líder de la Tupac Amaru hablará por última vez en el juicio y luego escuchará a los jueces de Tribunal Oral Federal de Jujuy. Para la defensa quedó probado el “plan sistemático” de persecución del gobernador Morales contra la dirigente social.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy dispuso para las 16 del miércoles la audiencia en la que leerá el veredicto, en la sede de calle San Martín en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Está previsto que haya una pequeña réplica de la fiscalía. Después están las últimas palabras, los jueces se retiran a deliberar y después viene el veredicto, detalló la abogada de Sala.
Por su parte, Luis Paz, abogado de la organización barrial que representa a la imputada Graciela López, explicó que con el proceso judicial hemos logrado poner en agenda que desde el año 2009, e incluso antes, Gerardo Morales pergeñó un plan sistemático de aniquilamiento contra la organización Tupac Amaru, particularmente contra Milagro Sala.
Quedó en evidencia frente a miles de argentinos y de jujeños, el armado de esta causa por una manifestación pública, por una protesta; con el gobernador querellante ausente en el juicio; con sus dos testigos clave que han puesto de manifiesto el invento de la brutalidad y el uso del estado a los efectos de conseguir cuestiones personales, agregó en declaraciones a El Submarino Radio, de Jujuy.
Antes del veredicto del juicio, Milagro Sala volverá el miércoles a hablar en público por segunda vez después de pasar la Navidad presa en el Penal de Mujeres N°3 de Alto Comedero, donde compartió cena con el gobernador de San Luis, Alberto Rodriguez Saa. Las palabras finales de Milagro serán reveladoras del entramado político judicial que se armó para aniquilar a una organización social y política y a la líder de esa organización, anticipó Paz.
La parlamentaria del Mercosur pasó la primera de las fiestas detenida a pesar de la presión internacional que sufrió el gobierno nacional de Mauricio Macri y provincial de Morales, y la movilización interna que se produjo bajo la consigna Por una Navidad sin presos políticos.
Está acusada de instigadora y Graciela López y Ramón Salvatierra están acusados de autores, de los delitos de daños agravados y amenazas coactivas por el escrache realizado el 16 de octubre de 2009 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en el que el entonces senador Morales y el entonces Auditor General de la Nación, Leandro Despouy, fueron enchastrados a huevazos y se rompieron siete vidrios de la puerta del edificio.
Por ese hecho, los abogados de Morales (que es el denunciante en la causa) pidieron ocho años de prisión para los tres. Los fiscales Domingo Batule y Federico Zurueta pidieron tres años de prisión en suspenso (es decir, que no debe ser cumplido con encierro) para las dos mujeres y dos en suspenso para Salvatierra. Lo insólito fue que los fiscales federales se sinceraron e incluyeron como agravante entre sus argumentos la criminalización de la protesta: dijeron que Milagro es líder social y remarcaron que ese carácter debe tenerse en cuenta como agravante al momento de evaluar la pena, dijeron.
Todos los argumentos de la acusación fueron desmontados en las dos horas del alegato de Gómez Alcorta que pidió la absolución. La letrada demostró que Cochinillo Orlando René Arellano y su esposa Cristina Chauque, los únicos testigos de prueba que presentó Morales, mintieron durante sus declaraciones para inculpar a Sala. Y pidió que se tome copia de sus declaraciones para investigarlos por falso testimonio. También demostró que ese hombre fue contratado por la gestión de Morales en la gobernación con cargo de director provincial a pesar de que no sabe leer ni escribir.
EL JUICIO POR EL ACAMPE
Esta semana también se conocerá el veredicto del juicio contravencional por el acampe en plaza Belgrano que se extendió entre el 14 de diciembre de 2015 y el 2 de febrero pasado, y fue realizado por la Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales. En ese juicio que comenzó el jueves pasado, Sala y su organización social están acusados por ocupación del espacio público, alteración del orden y obstaculización del tránsito vehicular y peatonal.
En el inicio del juicio hablaron como testigos José Del Frari, Nando Acosta y Anabel Yacianci, de ATE y CTA, quienes reclamaron por el derecho a la protesta. En la segunda audiencia declararán otros seis testigos. El miércoles será la última audiencia, en la que Sala hará uso de su derecho a la última palabra y recibirá el veredicto.
La primera audiencia de ese juicio comenzó con una queja del abogado Luis Paz, quien pidió proporcionalidad en el operativo policial: es que en la calle se apostaron cerca de un centenar de policías, nueve patrulleros y un vallado metálico frente al edificio durante las dos horas que duró la audiencia.
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