Según el letrado representante de la querella que lleva la familia del soldado Alberto Ledo, la de Milani «es una causa que tiene una instrucción bastante avanzada y los tiempos procesales marcan que, en un plazo relativamente cercano, Milani podría ser llevado a juicio oral y público por los delitos que se le imputan en la causa de la desaparición del soldado Ledo», señaló Lobo Bugeau a Télam. 

El magistrado Fernando Poviña, a cargo del juzgado federal número 2 de Tucumán, procesó a Milani por los delitos de encubrimiento y falsedad ideológica, en la causa en la que investiga la desaparición forzada del conscripto Ledo, ocurrida en 1976. (ver Procesaron a Milani por la desaparición de Ledo en Tucumán) 

El hoy general retirado se encuentra detenido en La Rioja desde el 17 de febrero por decisión del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, quien tomó esa decisión luego de indagarlo por los secuestros de Pedro Adán Olivera y su hijo, Ramón, en 1977, y la detención ilegal de Verónica Matta, hecho acontecido un año antes. 

El viernes, el juez Herrera Piedrabuena hizo lugar al pedido de la Fiscalía General y «amplió la imputación» contra Milani por considerarlo «integrante de una asociación ilícita». La fiscal Virginia Carmona solicitó la ampliación de la imputación contra el militar por esta figura que alcanza también a otro integrante del Ejército, Francisco Santacrocce, según confirmaron a Télam fuentes judiciales. 

El letrado estimó que, como la medida dictada por Poviña es apelable, podría haber «una demora de tres meses más hasta que se cierre la instrucción», por lo tanto consideró que la causa podría elevarse a la instancia de debate «en el próximo semestre de este año». En su resolución, Poviña consideró que Milani, a cargo del Ejército durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, «confeccionó falsamente el acta de deserción del desaparecido soldado Ledo, con la finalidad de encubrir el hecho delictivo y la responsabilidad de sus perpetradores». 

«Es un fallo bien fundado que se apoya en el estatuto de Roma para sustentar la acusación de delito de lesa humanidad. Desde la querella que represento habíamos pedido la figura legal de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte, pero de todos modos estamos conformes con este procesamiento», aseguró Lobo Bugeau. 

El juez, en un fallo de noventa carillas, también embargó los bienes de Milani hasta 200 mil pesos y dispuso la prohibición de su salida del país. Sin embargo, el magistrado consideró que no era necesario dictar la prisión preventiva del ex oficial del Ejército en esta causa, al evaluar que a lo largo de la instrucción «estuvo sometido a derecho». 

El pasado 15 de febrero, Milani se presentó en Tucumán ante el juez y declaró que «nunca» vio al soldado Ledo, al tiempo que se desvinculó de la elaboración del acta en la que se hizo figurar como «desertor» al conscripto riojano con la presunta intención de ocultar su desaparición forzada. 

Ledo nació en La Rioja y estudiaba la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Tucumán. En 1975 fue llamado a cumplir el servicio militar obligatorio y en mayo de 1976, mientras se encontraba destinado en el Batallón 141 de Ingenieros del Ejército de Tucumán, fue trasladado a la localidad de Monteros donde existía una base organizada en el marco del denominado Operativo Independencia. 

El soldado viajó a Tucumán junto a otros soldados, bajo las órdenes del entonces subteniente Milani y el capitán Esteban Sanguinetti, quien también está procesado en esta causa. En junio de ese año, el capitán Sanguinetti salió con Ledo de recorrida por el monte tucumano y desde entonces el soldado permanece desaparecido. El 4 de julio, ante la falta de noticias de su hijo, Marcela Brizuela viajó a Monteros, donde se le notificó que su hijo había desertado, según lo estipulado en un sumario que Milani confeccionó, en el cual constaba «el abandono» de servicio por parte del soldado.