La estampa del Museo del Bicentenario lucía triunfal con el Presidente, el ministro de Economía, la vicepresidenta y los gobernadores, incluidos los opositores –alguno no tan triunfal, es cierto, aunque las mascarillas velaban los rictus–, y entusiasmó a más de medio país mientras hundía en la decepción a otra incierta porción de ciudadanos y ciudadanas que quisieran abreviar los plazos constitucionales de gobierno, o por lo menos dañarle al peronismo las elecciones de medio término. 

Lo que se anunciaba ese último día de agosto fue la culminación de un arduo proceso de negociación con los acreedores de la deuda pública bajo legislación extranjera, extenso trámite al que reiteradamente los comunicadores y economistas del establishment le habían augurado un seguro fracaso, tanto por la poca o ninguna confianza que, juraban, inspira en el mundo financiero Alberto Fernández y el gobierno del Frente de Todos, como por “la impericia e inexperiencia” del ministro Martín Guzmán. Hasta se llegó a agregar que Cristina Fernández de Kirchner, supuesta inspiradora de ataques a la propiedad privada y verdadera dueña del poder detrás del trono, era uno los obstáculos para llegar a buen puerto.

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Pero el canje de deuda no solo fue la culminación de una pulseada económico-financiera sino que implicó, también, el triunfo de un proceso de construcción de confianza y de consensos internos y externos, del despliegue de una trama diplomática que proyectó el debate sobre la deuda y su contexto a ámbitos de gravitación global, en momentos en que la pandemia cubre de incertidumbre los sistemas de producción y circulación de bienes y servicios, mientras la gigantesca deuda de países, familias y empresas fragiliza la economía global.

El éxito de la compleja operación con los bonistas, que precede a la prueba más difícil, con el FMI, no mitigó un ápice el asedio opositor que todo lo degrada, hasta el punto de que esa misma noche uno de los más destacados columnistas de La Nación se enredaba en los cordones tratando de explicar por qué no se había ganado nada al despejar hasta 2028 el horizonte financiero de obligaciones incumplibles. “Lo único que se hizo fue correr el elefante un par de metros hacia adelante”, dijo.

Con Trump o con Biden

Tras el desencanto, la prensa de negocios lanza los mismos o peores pronósticos sobre la inminente apertura de negociaciones con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, cuando la delegación argentina deberá explicar con cifras por qué es imposible cumplir con los plazos de pago de los 44.500 millones de dólares con que la predecesora de Georgieva, Christine Lagarde, solventó la frustrada campaña para un segundo mandato de Mauricio Macri. Lagarde ya no está, pero el que no se sabe si estará es el presidente Donald Trump cuando Guzmán y el representante del Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos, se sienten a negociar la deuda. Fue precisamente Trump el que promovió, como presidente del país de mayor peso en el Fondo, financiar la campaña de Macri. Pero el 3 de setiembre próximo serán las urnas las que habrán de decidir si Trump continúa en su cargo o ya lo habrá reemplazado el candidato demócrata, Joe Biden, justo cuando Guzmán muestre sus cartas. 

Los economistas del neoliberalismo nativo, que desprecian al ministro en público y sotto voce lo recelan, apuestan a que Trump, ya reelecto, sea favorable a que los técnicos del FMI exijan un drástico ajuste fiscal y mutilar jubilaciones y derechos laborales. Los más optimistas piensan y comparan: en el peor de los casos, nunca se notó que una administración demócrata haya sido más compasivo que una republicana cuando se trata de defender los intereses del capitalismo estadounidense, que es lo mismo que decir el capitalismo mundial. 

Por algo el programa que el Fondo suele imponer a los países deudores es el mismo que sostienen aquí las grandes empresas, que en el caso del Fondo lo dicta el famoso artículo IV de su Acta Constitutiva, que obliga al monitoreo de las cuentas públicas de los países deudores que piden clemencia. En su momento, Néstor Kirchner dejó boquiabierto a propios y extraños cuando pagó la deuda con el Fondo y virtualmente botó a sus técnicos de la oficina de vigilancia que tenían en el Ministerio de Economía. Con ello, el país recuperó un grado importante de autonomía de decisiones económicas y políticas. 

Si el país aceptara el llamado plan de facilidades extendidas, que contempla hasta diez años de plazo para saldar su deuda, debería ceñirse al catálogo de metas fiscales y reformas de mercado que el Fondo exige en estos casos. El Presidente y el ministro han dicho una y otra vez que cualquier acuerdo a que se arribe deberá contemplar sustentabilidad y sostenibilidad, es decir que no habrá obligaciones de pago que sean imposibles de cumplir o que sólo serían posibles a costa de sacrificar el desarrollo económico y prolongar el sufrimiento social. Así se lo han hecho saber a la por ahora gentil Kristalina, de quien esperan comprensión y ayuda, vaya a saber con qué suerte.

La magnitud de la crisis de la economía mundial, con caídas generalizadas del producto en todos los países y una deuda global que alcanzó 258 billones de dólares, el 331% del PBI del mundo en el primer trimestre de 2020, definen el dislocamiento de cualquier parámetro de normalidad. En este contexto, hay quienes creen posible un cambio en las rígidas reglas financieras del Fondo, cuando el mundo entero se halla ante el riesgo inminente del estallido de una crisis de deuda incontrolable que afectaría el sistema financiero en su conjunto.

Poder y justicia

No obstante tanta incertidumbre, la nave va. El gobierno acelera sus programas para la recuperación del empleo y la producción, con un claro sesgo industrialista y apostando a las pymes exportadoras, mientras toma medidas, como la declaración de servicios públicos esenciales a internet, telefonía y TV paga, que enardecen a la oposición. Los comentaristas de los grandes medios se desgañitan amenazando con la caída de las inversiones en nombre del puñado de empresas del sector, que encabeza el grupo Telecom-Cablevisión (Clarín), líder de la oferta con el 46% del mercado, seguido por Telefónica (15%), Telecentro (12%) y Supercanal (7%). Cuatro grupos que se reparten 8,81 millones de accesos a Internet fijo, el 63% del servicio en los hogares a nivel nacional. 

El aparato de agitación y propaganda que encabezan Clarín y La Nación asume la defensa de las telcos y cita como autoridad suprema a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que le escribió una nota de queja al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en tanto que La Nación revela que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió otra carta, del Consejo de la Industria de Tecnología de la Información de los EE.UU., que integra a empresas como Google, Amazon, Facebook, IBM, Twitter, Microsoft, Toshiba, Cognizant, Toyota, Visa, Mastercard y Accenture- y la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Ese poderoso lobby “le advierte al presidente de la Cámara de Diputados sobre los efectos de la medida que, tal como está,  limita la capacidad de crecer del sector y    pone en riesgo las inversiones en tecnología”. Nada que pueda sorprender: defender los intereses de sus empresas y apoyar su expansión es lo que hacen todas las potencias. 

Pero, se sabe desde hace rato que poder y justicia no son lo mismo.

La coalición económica, política y mediática que fue desplazada del poder político hace menos de un año no asimila ni tolera que el Estado sea administrado por un gobierno al que consideran ajeno a sus intereses, que intenta distribuir e invertir los recursos públicos con un criterio reparador en todo sentido. La escalada invade todos los campos: la ideología, la política, la palabra siempre y de mil modos, y hasta se manifiesta en la movilización de sus adeptos más exaltados, bien que con poca fortuna. Apuestan a la devastación económica, esperan “un fogonazo inflacionario” al final de la pandemia, auguran una ruptura fatal del Frente de Todos, celebran las progresión de contagios, ruegan para que el malestar colectivo que causa la peste y las restricciones con que se la combate se transforme en revueltas ingobernables.

La coalición de gobierno se ha mostrado, hasta ahora, capaz de procesar diversidades y conflictos, preservando la unidad de acción en medio de la tempestad. La dimensión de lo que representa en términos sociales y políticos exige autoridad y firmeza en los objetivos y en su prosecución, lo que tiende a progresar y consolidarse. El policlasismo del Frente de Todos, con grupos y  sectores que se ramifican y se internan en territorios inamistosos para el gobierno, son cosas con las que los mejores líderes del peronismo han sabido lidiar sin resignar consignas que ennoblecen la lucha por el poder. En primer lugar, que toda vida importa.