La Legislatura bonaerense volverá a sesionar el jueves después de dos meses y debatirá el proyecto de ley enviado por el gobierno de Axel Kicillof para eximir del pago del impuesto Inmobiliario a 7500 hoteles, hospedajes, campings y alojamientos, con el objetivo de reactivar el turismo.

La iniciativa forma parte del plan de reactivación para el sector que anunció Kicillof en Villa Gesell el último fin de semana largo, y que busca ayudar a una de las actividades más golpeadas por la pandemia.

El proyecto, que ingresó hoy al Senado, prevé tres medidas: la exención del pago de la tasa correspondiente a la inscripción o renovación al Registro de Prestadores Turísticos; la «extinción de oficio» de las deudas por el impuesto inmobiliario que tengan los hoteles, hosterías y residencias similares; hospedajes y campings, y la creación de un Fondo de Apoyo Económico para Fiestas Tradicionales y Populares» para fomentar esas celebraciones locales.

En los considerandos del proyecto, el Ejecutivo argumentó que el turismo en la provincia es «un sector económico clave que dinamiza el desarrollo local y regional». Buenos Aires es el primer destino turístico del país con «un promedio anual de 14,5 millones de turistas, más de 11 mil empresas dedicadas al rubro que emplean a más de 130 mil trabajadores y trabajadoras».

El primer punto que prevé la iniciativa es la exención para los prestadores de servicios turísticos que desarrollen su actividad en el territorio provincial del pago de la tasa correspondiente a la inscripción o renovación al Registro de Prestadores Turísticos. El beneficio regirá hasta el 31 de diciembre de 2022.

En segundo lugar, el texto dispone «la extinción de pleno derecho de las deudas por impuesto inmobiliario, sus intereses y multas» que tengan quienes realicen actividades comprendidas en los rubros de alojamiento en hoteles, hosterías y residencias similares; hospedajes y campings. Según las estimaciones de ARBA, el beneficio alcanza a 7500 prestadores.

La medida comprende al impuesto Inmobiliario edificado y baldío, inmobiliario rural y subrural, y también al Complementario entre marzo de 2020 y septiembre de 2021. Es decir, todas las cuotas que vencieron durante la pandemia. Los beneficiarios recibirán un crédito fiscal que anulará la deuda y los intereses de las cuotas no pagas, y un saldo disponible por los montos que sí fueron abonados.

Según explicaron fuentes oficiales, la medida representa 557 millones de crédito fiscal que se generan a favor de estos contribuyentes, de los cuales 343 millones corresponden a tributos que no pudieron pagar y 214 millones a pagos que se realizaron y que serán devueltos. El saldo a favor podrá ser utilizado para compensar otras deudas que se hayan generado por la crisis económica de la pandemia.

Las condiciones para acceder a la exención son, según precisa el proyecto, estar inscripto en el impuesto sobre los Ingresos Brutos y haber declarado anticipos entre marzo de 2019 y marzo de 2020.

El tercer punto que plantea la ley es la creación de un «Fondo de Apoyo Económico para Fiestas Tradicionales y Populares». Se estima que hay alrededor de 600 evento de este tipo en la provincia que no se pudieron llevar adelante por la pandemia. y la idea es reactivarlas.

Tanto la cámara de Diputados como el Senado sesionarán el jueves. La bancada de Juntos por el Cambio apoyará el proyecto aunque reclamará incluir a más sectores en el alivio fiscal.

En el caso de la cámara alta, además de tratar este proyecto de ley, también podría tratarse el pliego para designar a Alejandro Formento como director del Banco Provincia, en reemplazo de Juliana Di Tullio quien dejó ese cargo para asumir como senadora nacional.

Desde la salida de Di Tullio, el directorio del BAPRO quedó sin quórum para sesionar ya que -según la carta orgánica de la entidad, se necesitan cinco miembros y sólo hay cuatro, incluyendo al presidente Juan Cuattromo. El directorio cuenta hoy con sólo tres directores de los ocho que debería tener: Diego Rodrigo por la oposición, y Sebastián Galmarini y Humberto Vivaldo por el oficialismo. El resto de los cargos está vacante desde que asumió el gobernador Axel Kicillof por falta de acuerdo con Juntos por el Cambio. Los directores se eligen por acuerdo del Senado, donde la mayoría está en manos de la oposición.

Los senadores también tratarán el reemplazo de Roberto Feletti, quien se desempeñaba como secretario administrativo del Senado bonaerense y asumió como nuevo secretario de Comercio Interior de la Nación. En su lugar llegaría Martín Di Bella, ex titular de ARBA durante la gestión de Daniel Scioli.