La Corte Suprema dio más tiempo para llegar a un acuerdo. Larreta se fue sin hacer declaraciones y De Pedro defendió la postura presidencial.
Durante más de tres horas, Wado De Pedro, Silvina Batakis, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y el procurador Gabriel Astarloa, expusieron ante los ministros de la Corte que reclaman una solución política al conflicto.
“Lo que resolvió el tribunal fue dar un plazo de 30 días para volver a iniciar el proceso de negociación y de consensos entre las partes”, dijo el ministro del Interior a la salida de la reunión.
Fue el único de los participantes en realizar declaraciones: Larreta y los funcionarios porteños prefirieron evitar las cámaras y partieron por una salida distinta de la que habían ingresado al encuentro.
“Hay una ley que sancionó el Congreso nacional por mayoría, que resuelve de una manera muy justa el financiamiento y perfecciona el traspaso de la función de seguridad a la Ciudad”, dijo De Pedro. Sin embargo, tanto Ciudad como Nación aportaron “nueva documentación” que deberá ser analizada por las partes.
Cuando transfirió la Policía a la Ciudad, Macri aumento en 2,35% lo que recibía la Capital. En 2018 y frente al reclamo de las provincias, el ex presidente accedió a bajar las transferencias a 3,50%. Cuando asumió Alberto quitó el total de lo añadido por Macri.
Las diferencias entre Ciudad y Nación comienzan con el número de policías que pasaron de la Federal hacia el distrito que gobierna el PRO desde hace más de 14 años. En Nación, aseguran que los cálculos se hicieron tomando en cuenta un traspaso de 21 mil agentes y en cambio solo 19 mil pasaron a la órbita porteña.
Desde el Gobierno pretenden que la Ciudad devuelva la diferencia entre los 3,5% que cobró y el 1,4% que debería haber recibido y que el distrito pague con sus recursos cuestiones como el armamento especial o materiales de seguridad.
En la Ciudad, rechazan esa idea y aseguran que recibieron el equivalente al último presupuesto devengado por Cristina Kirchner.
«Es una cuestión constitucional. Cuando te transfieren competencias, funciones y servicios, tienen que transferir los recursos. Y tiene que haber acuerdo entre las dos partes. Los traspasos de competencias siempre se hicieron de manera acordada, pero el decreto 735 vino a romper con todo eso», dijo un funcionario porteño a Tiempo.
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