El Vice-Fiscal General y el Secretario de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal de Brasil, José Bonifacio y Vladimir Aras, y los Fiscales del Miniserio Público Fiscal de la Argentina, Sergio Rodríguez, Carlos Stornelli y Franco Picardi, acordaron en el país vecino los mecanismos de cooperación para poder avanzar en las investigaciones que llevan adelante sobre el caso Odebrecht-Lava Jato. Una de las primeras conclusiones a las que arribaron fue “reafirmar la importancia de que los Ministerios Públicos puedan actuar de manera independiente y autónoma, y que esos principios sean respetados por otros poderes del Estado, conforme las Declaraciones de Lisboa y Brasilia”.

En concreto, los fiscales le advirtieron de manera elegante  a los respectivos gobiernos que no interfieran en la investigación, lo que constituye un intento de impedir que –en el caso argentino- el ministro de Justicia, Germán Garavano, avance con su diálogo unilateral con los abogados de los arrepentidos de la firma que admitieron haber pagado 35 millones de dólares en sobornos en la Argentina.

El gobierno de Mauricio Macri mantuvo varias reuniones con los asesores letrados para convencerlos de presentar la información de que disponen a través de la Oficina Anticorrupción, cuando los mecanismos institucionales establecen que los acuerdos deben llevarse a cabo con la Justicia y no con los gobiernos.

Los Fiscales brasileños explicaron a sus pares argentinos el procedimiento mediante el cual les será remitida a ellos y  a los Jueces correspondientes la información y documentación peticionada, y se comprometieron a cumplir con los requerido “a la mayor brevedad posible”.

Se trató del primer encuentro que ambos grupos mantuvieron con el objeto de conformar un equipo binacional de investigación del mayor escándalo de corrupción de la región. Los representantes de ambos Ministerios Públicos acordaron profundizar la cooperación internacional y sus contactos directos de acuerdo a lo previsto expresamente en la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, especialmente la remisión de información espontánea y la conformación de equipos conjuntos de investigación binacional (ECI).

Según un comunicado oficial de la Procuración General de la Nación, los funcionarios judiciales “han manifestado la importancia de que se conforme el ECI propuesto por las autoridades argentinas a través de las vías previstas en los Tratados vigentes”.