La comunidad de Colegiales se resiste a un proyecto inmobiliario impulsado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en las tierras públicas ferroviarias que están al costado de las vías de la Línea Mitre. Se trata de casi 5 hectáreas delimitadas por el puente de la calle Zabala, Moldes y Cramer. Este mes comenzará la construcción de tres torres de una edificación proyectada de 80.000 metros cuadrados. Las tierras fueron vendidas a privados por el Estado Nacional durante la presidencia de Mauricio Macri, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Es considerado el último pulmón verde del barrio.
De los 9 lotes que forman el playón ferroviario, cuatro fueron comprados por la empresa Sancor Seguros por 19,2 millones de dólares. Uno quedó para la empresa EMFISA por 5,6 millones, en diciembre del 2018. La venta se pudo completar por la Ley 5875, sancionada por la Legislatura de la Ciudad en septiembre del 2017, por la cual se rezonificó el predio y se firmó un convenio urbanístico entre la AABE y el Gobierno porteño que habilitó la construcción del 35% edificios y 65% de espacio público.
Los cuatro terrenos restantes fueron cedidos por el Estado Nacional a la Ciudad en diciembre del 2019, días antes del final del gobierno de Cambiemos, algo que está prohibido. Según la Ley de Responsabilidad Fiscal no se pueden vender inmuebles en los 6 meses previos al fin del mandato. En los últimos días, vecinos y vecinas advirtieron que ya están a la venta los departamentos en pozo de un complejo de torres llamada “Distrito Colegiales” en el sector comprado por Sancor. Los desarrolladores son G & D Developers y Fernández Prieto, uno de los encargados de la construcción de Puerto Madero.
El grupo “Colegiales participa y decide” le pidió al presidente Alberto Fernández que la AABE agilice la tarea encomendada en el decreto 149 del 2020 por el cual le encargó la evaluación de la «la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago, de inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019». Además iniciaron la petición “detener la venta ilegal del Playón de Colegiales” en Change.org.
“Ahora estamos en estado de alerta y de movilización. Estos grupos van a empezar a construir tres edificios. Las construcciones son de alrededor de 9 pisos, dos niveles de estacionamiento subterráneo y dos locales en planta baja. Estamos diciendo que esto va a traer un colapso en el barrio con respecto a los servicios públicos. Además del movimiento vehicular que va a cambiar porque serían alrededor de unas 5000 personas que vendrían a vivir”, explicó Adriana Fernández, integrante del colectivo.
Y detalló que la venta es ilegal. “La tierra pública que se vende a un privado tiene que pasar primero por el Congreso”. “Está en la Constitución Nacional. La tierra pública es un bien común, un recurso finito que no se recupera. Tiene un grave daño ambiental”.
En ese sentido SE manifestó María Ghitma,n del Parque Cultural Estación Colegiales, que detalló que Colegiales “tiene 70 centímetros de verde por habitante”. Una cifra ínfima si se tiene en cuenta que la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante para poder vivir bien.
“Es muy perverso porque todo el planteo es como muy cool, muy moderno, muy de respeto por la naturaleza y de reciclar el agua de lluvia. Y la verdad es que está destruyendo el último pulmón verde que tiene Colegiales. El daño ecológico es invaluable. Con las cifras que tenemos,¿Horacio Rodríguez Larreta se puede dar el lujo de vender tierras públicas? Lo notamos en la pandemia, no alcanza”, dijo la vecina.
“Planteamos que estamos al límite y se necesita una intervención directa del Poder Ejecutivo. Enviamos una carta a Alberto Fernández porque estas ventas son ilegales. Todo el proceso está viciado de nulidad y creemos que corresponde un decreto que anule lo actuado y frene este delirio. Esta venta no tiene argumentos. Es un negociado atroz a costa de nuestra salud”, agregó.
