En la misma edición del Boletín Oficial, el gobierno de la Provincia promulgó la adhesión al protocolo y luego la anuló. Ambas resoluciones llevan la firma de la ministra de Salud, Zulma Ortiz.
La primera resolución, que iba a ser publicada la semana pasada hasta que la gobernadora le puso un freno por presiones de la Iglesia y de su gabinete, está fechada el 12 de octubre, lleva la firma de la ministra de Salud Zulma Ortiz y viene acompañada de una detallada descripción, de 16 páginas de extensión, de los estudios realizados, los alcances y hasta los procedimientos estipulados por el protocolo.
Luego, en un texto de una página que lleva fecha del 25 de octubre y que también está firmado por la ministra Ortiz, se deja sin efecto la resolución anterior porque «no le fue dada debida intervención previa a las distintas áreas de la Administración con competencia en la materia, a saber, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Derechos Humanos y la Asesoría General de Gobierno». Sin embargo, en ningún momento se estipula una fecha para que el resto de las partes se expida al respecto.
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