La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró este viernes «escandalosa» e «inconstitucional» a la ley aprobada sin debate previo el jueves por la Legislatura porteña, con la que Juntos por el Cambio (JxC) amplió las competencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad, que ahora podrá revisar sentencias dictadas por la Justicia Nacional en cualquiera de sus fueros con sede en el distrito.

A través de un mensaje en las redes sociales, Cristina Fernández advirtió que el Gobierno de Horario Rodríguez Larreta se vale de la «mayoría automática» en el Poder Legislativo y alertó sobre la posibilidad de que el macrismo aspire a modificar la Constitución de la ciudad, en caso de triunfar en los comicios legislativos del próximo 14 de noviembre.

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«¡Y ojo! Porque estos republicanos de morondanga están a un solo legislador de poder modificar la Constitución. ¿Ves para qué quieren Macri, Larreta y Vidal más legisladores? Además de sacarte la indemnización por despido quieren garantizar la impunidad de Mauricio Macri», afirmó la titular del Senado.

Con la ley aprobada ayer por 38 votos a favor -de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN- y 20 en contra -del Frente de Todos y la Izquierda- el macrismo consiguió modificar la norma 402 de procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia y lo habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal.

En su posteo en las redes sociales, la Vicepresidenta sumó a su publicación la intervención en el Parlamento porteño de la legisladora Lucía Cámpora, quien explicó el vínculo entre la ley aprobada y la causa por la quiebra del Correo Argentino, en la que está involucrado Macri.

«Esta ley pretende que determinadas causas de interés, como también son las del fuero laboral, sean resueltas por el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad que, como sabemos, tiene una mayoría macrista automática», reflexionó hoy la legisladora Lucía Cámpora.

De hecho, en esa investigación se busca determinar si el Gobierno de Cambiemos benefició a una empresa de la familia de Macri, Socma, que había sido dueña del paquete accionario de Correo Argentino S.A. y arrastraba una deuda con el Estado de 296 millones de pesos-dólares desde el 2001.

En el 2016, Socma le propuso al Gobierno macrista pagar parte de esa deuda en 15 años, una propuesta que fue rechazada por la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien consideró la oferta «ruinosa» para las arcas del Estado y entendió que, de concretarse, implicaba una quita superior al 97% de la deuda.

Tanto la fiscal Boquin, como la jueza Marta Cirulli, que ordenó luego la quiebra del Correo administrado por la familia Macri, recibieron pedidos de apartamientos formulados por Socma, que además solicitó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño interviniera en la causa y eventualmente se quedara con la resolución del concurso de acreedores, algo que deberá resolver la Corte Suprema.