El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó hoy el cierre de las escuelas en el AMBA anunciado ayer por el presidente Alberto Fernández. Dijo que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para garantizar la presencialidad. Sin embargo, los constitucionalistas consideran que es una medida “inconducente” porque es imposible que se resuelva en 15 días, el período en el que estarán cerradas las aulas. Además, legisladores, legisladoras y gremios docentes calificaron las declaraciones como una actitud “para la tribuna”.

El constitucionalista  Andrés Gil Domínguez indicó que, si bien la Ciudad de Buenos Aires puede presentar un amparo ante el máximo tribunal y cuestionar la norma del Poder Ejecutivo, “desde un punto de vista sustancial es inconducente”.  “Con los tiempos que se toma la Corte y  hasta que se dicta el primer despacho ya ha pasado la medida que se cuestiona que son quince días o dos semanas.

Además, cuando hay una disputa entre provincias y nación el tribunal siempre privilegia generar, previo a su intervención judicial, un diálogo entre las partes para tratar de alcanzar una solución política del tema. Es totalmente inconducente a los efectos de lo que pretende Larreta que es que tener abierta las escuelas en la Ciudad”, le explicó el abogado a Tiempo Argentino.  

“En general te puede llevar dos o tres años, a veces más. No es algo que desconozca el Gobierno de la Ciudad, pero es una forma de marcar una postura política de diferenciación. Pero a los efectos sustanciales, es ineficaz el camino. A los efectos políticos está bien porque fijas posición, capaz te conviene y te diferencias políticamente. Como todavía no se publicó el decreto, la vía es el diálogo entre Larreta y el presidente y llegar a algún acuerdo. La solución que se tendía que dar es política”, agregó Gil Domínguez.

En la conferencia de prensa del mediodía, Rodríguez Larreta dijo que harán “todo lo posible para garantizar que los chicos vuelvan a clase». “Vamos a presentar un amparo para que se trate manera urgente, tengo que hacer todo lo que está a nuestro alcance para que se garantice la educación de los chicos”. 

Desde los gremios, enmarcaron las declaraciones dentro de la campaña electoral. La secretaria de Comunicación de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Paula Galigniana, dijo que “es otro anuncio de marketing». “Lo acertado es lo que dijo el presidente que es lo que venimos reclamando. No acordamos con la propuesta del Gobierno de la Ciudad de querer pasar por la autoridad presidencial utilizando la justicia, una práctica que es muy común para ellos. Entendemos que es una maniobra distractora que no debería conducir a la apertura de las escuelas. Está claro que Larreta está haciendo marketing político en un año electoral”, señaló.  

La secretaria gremial de Ademys, Mariana Scayola, calificó como “cínica” la actitud de la administración porteña. “No nos sorprende por su férrea voluntad de mantener la escuela abierta por una cuestión electoral y para que sea una guardería de cuidado. Ellos hablan de estudios que dicen que las escuelas no tienen impacto en los contagios. Y no hablan de lo que implica el uso del transporte público y la circulación y que el gran evento masivo que hubo a principios de marzo fue la apertura de las escuelas y eso generó los contagios en la Ciudad”, afirmó.

Desde la banca del Frente de Todos en la Legislatura, también rechazaron los anuncios. Victoria Montenegro se mostró indignada y dijo que las declaraciones son preocupantes. “Hablan en tercera persona y no hizo mención a la situación actual del sistema de salud porteño que está al 100%. Cuando habla de la educación tiene una actitud hasta caprichosa, como si no quisiéramos todos que los chicos estuvieran en la escuela. Todos queremos eso. Los chicos no se contagian, pero si los padres, las cifras son muy duras”, declaró en el programa Encuentro Nacional por Radio Nacional.

En esa línea también se expresó Leandro Santoro en las redes sociales. “La suspensión temporal de la presencialidad no es una decisión que los gobiernos de todo el mundo tomen para justificar un recorte presupuestario. Es fruto de la necesidad de reducir la circulación de la población para contener al virus. La educación no se para, se para el covid. En la lógica de «la guerra fría» que usa la oposición, la suspensión de la presencialidad de las clases se debe a que los sindicatos docentes impusieron medidas stalinistas de restricción. No, muchachos. Para tomar está decisión, Alberto lo escuchó más a Belocopitt que a Baradel”, escribió en Twitter.