Con la oferta de un decreto para compensar la anulación del Fondo Federal Solidario (FoFeSo), -popularmente conocido como el fondo sojero- el Gobierno acelera la etapa de definiciones dentro del Congreso para obtener la sanción del presupuesto nacional para el año próximo: el primero de la era Cambiemos que cumplirá con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, tras el pedido de auxilio y endeudamiento solicitado por el presidente Mauricio Macri.

Luego de tres meses de negociaciones, el Ejecutivo presentó este lunes un primer borrador de presupuesto ante la Cámara de Diputados, presentado brevemente por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. A la par del desembarco del texto en el Legislativo, el gobierno continúa la firma de una ampliación y modificación del Consenso Fiscal rubricado con las provincias en noviembre pasado, para establecer un esquema de reducción, hasta su eliminación, de impuestos locales como Ingresos Brutos o Sellos. El texto original establece una serie de reformas tributarias para las provincias y la restitución del Fondo del Conurbano a Buenos Aires, entre otros compromisos de las partes. Tras la corrida cambiaria y el tironeo presupuestario, el gobierno sacó un nuevo texto que circula entre los gobernadores, sobre un «Consenso Fiscal 2018», que dentro de la Casa Rosada eligen nombrar como «adenda».

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Este martes, el Gobierno recibirá a los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac (PJ); de Córdoba, Juan Schiaretti (PJ); de Entre Ríos, Gustavo Bordet (PJ) y de Neuquén, Omar Gutiérrez (MPN), para firmar el texto que este lunes ya rubricaron los mandatarios de Formosa, Hugo Passalaqua (PJ); de Corrientes, Gustavo Valdés (UCR) y de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. La semana pasada ya habían hecho lo propio el salteño Juan Manuel Urtubey y el chaqueño Domingo Peppo.

El ministerio del Interior, que conduce Rogelio Frigerio, espera presentar el nuevo texto el viernes. Para entonces los negociadores esperan contar con 18 firmas, aunque la oferta del decreto para restituir parte del Fondo Federal Solidario, podría cambiar algunos ánimos, especialmente entre las provincias más golpeadas por el freno de financiamiento federal a obras de baja y mediana escala en sus municipios. Si bien su existencia formaba parte del Consenso Fiscal 2017, el FoFeSo fue anulado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia que desembocó en dos ofensivas opositoras: la presentación de amparos de algunos intendentes y gobernadores ante la Corte Suprema, para declarar la inconstitucionalidad de la anulación, y una sesión especial en Diputados para dejar sin efecto ese DNU porque fue establecido sobre cuestiones presupuestarias, una potestad que no le otorga la ley a ese instrumento ejecutivo.

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Un día antes de esa sesión especial, el Gobierno hace circular el borrador del decreto, que establece un fondo especial por la mitad de los 8.000 o 9.000 millones de pesos que las provincias dicen haber perdido con la anulación del FoFeSo para lo que resta del año. En el Gobierno sostienen que una parte de ese monto ya fue compensado por la coparticipación, y que el resto son más de 4.000 millones de pesos, precisamente el monto que establece del decreto, para crear esa nueva caja que pasará a depender del Ministerio del Interior, la cartera del Ejecutivo concentrada en la relación con las Provincias.

La aparición del borrador del DNU para restituir parte del FoFeso es la pieza que faltaba en una negociación donde el Gobierno ya había presentado el borrador del presupuesto, con un drástico ajuste fiscal, y avanza en la rúbrica de un nuevo consenso fiscal, donde no había mención a las obras públicas afectadas por la anulación del FoFeSo. Ese nudo es el primer paso de la negociación presupuestaria que ya se mudó de la Casa Rosada al Congreso, donde el oficialismo tiene minoría en ambas Cámaras, pero apuesta a una ola de abstenciones para sacar la ley de leyes.

Si bien la negociación en Balcarce 50 no alumbró acuerdos fiscales claros en medio de dos corridas cambiarias, el Gobierno se escudó en su fragilidad creciente para que los gobernadores aceptaran no dejar a la administración de Cambiemos sin presupuesto. Ese acuerdo parece el contorno de las movidas del Gobierno, cuyos negociadores comienzan a mostrar algunas concesiones, cuando llega el momento de las definiciones. Una especulación que Cambiemos intentará mostrar como un logro político, aunque se trata de un presupuesto donde se convalida un ajuste fiscal cero, con consecuencias políticas y sociales aún imprevisibles.