El ex integrante de la “mesa judicial” del gobierno de Mauricio Macri y su amigo personal Fabián “Pepín” Rodríguez Simón pidió asilo en Uruguay y denunció una supuesta maniobra urdida, entre otros, por la jueza María Servini y el abogado Carlos Alberto Beraldi, para meterlo preso.

Rodríguez Simón está citado a indagatoria en el marco de la investigación que llega adelante Servini sobre una supuesta maniobra de la “mesa judicial” contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, quienes finalmente sí terminaron presos y perdieron gran parte de sus patrimonios.

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Desde Uruguay, donde reside habitualmente, Rodríguez Simón envió un mensaje a allegados, amigos y medios de comunicación anunciando su decisión de pedir “asilo como refugiado político”.

“No voy a volver a la Argentina hasta que cese la persecución en mi contra. Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal”, expresó.

Rodríguez Simón estaba citado a indagatoria para el próximo 26 de mayo, pero la jueza Servini contrajo Covid-19 y, si bien ya se recuperó, su ausencia obligó a reprogramar la indagatoria, en fecha aún no precisada.

Pero el abogado sostiene que la verdadera razón de lo que denomina “una persecución” en su contra es una vieja medida de política tributaria cuando trabajaba para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno.

“Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, con la colaboración del abogado Carlos Beraldi -de promiscua relación con el fiscal Marijuan-, me denunciaron por mi participación como asesor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que los concesionarios del juego en este distrito (el Hipódromo y los dos barcos casino) pagaran el impuesto a los Ingresos Brutos que adeudaban desde 2003”.

Según trasunta el mensaje de Rodríguez Simón, existe una suerte de complot entre Servini, Beraldi, López y De Sousa, (canalizado a través de los medios de comunicación del Grupo Indalo) para meterlo preso.

“A mediados de marzo, el mismo día en que Martín Soria fue designado ministro de Justicia, el abogado Beraldi pidió que se me citara a prestar declaración indagatoria. La juez lo hace de inmediato, sin especificar qué delito se me imputa. Y, también a pedido de Beraldi, se me prohíbe la salida del país y se comunica a la Dirección Nacional de Migraciones, pese a conocer el juzgado que yo estaba en Uruguay”, sintetizó Rodríguez Simón.

“Como la indagatoria además sería por zoom, esto solo puede explicarse si ya existe la decisión previa de privarme de mi libertad en cuanto regrese al país. De hecho, esto es exactamente lo que desde los medios de comunicación del grupo de De Souza y López comienzan a instalar en lo que se transformó en una muy intensa campaña mediática de difamación y desprestigio en mi contra”, añadió.

La decisión de Rodríguez Simón de pedir exilio en el extranjero genera una delicada situación no sólo a nivel del Poder Judicial local sino también en la relación con Uruguay.

Por un lado, si no concurre a la indagatoria para la que está citado por la jueza podría declararlo en “rebeldía” y ordenar su captura nacional e internacional; por el otro, Uruguay deberá decidir si lo acoge o no, teniendo como referencia que un tribunal argentino lo investiga por un presunto delito penal.

“Ya existe la decisión previa de privarme de mi libertad en cuanto regrese al país”, aseguró Rodríguez Simón. “Esta causa en la que se me impidió repetidas veces ejercer mi derecho de defensa, es solo un pretexto y un vehículo  para encarcelarme”.

“No hay nada grato en el exilio. Pero que la Justicia, institución que debería defenderme de una persecución como la que padezco, sea precisamente la herramienta que utilizan Cristóbal López y De Sousa para perseguirme y privarme ilegítimamente de mi libertad por mi actividad política lícita es lo que me llevó a pedir asilo”, concluyó el mensaje.