El juez de la Corte Suprema era abogado defensor de la empresa en el momento en que se firmó el acuerdo.
El abogado de la causa, Daniel Arenaza expresó, «si no se desafecta al juez Rosenkrantz, cualquier tratamiento y decisión que la Corte tome sobre el caso, va a quedar viciado de nulidad ya que al haber sido el abogado apoderado y accionista de la empresa Mc Donalds pierde toda imparcialidad, requisito principal que debe poseer cualquier Juez de la Nación», afirma el letrado.
La causa McDonalds se inició en 2016 a partir de un acuerdo entre el gobierno nacional y la cadena de comidas para lograr la inserción laboral de 5000 jóvenes en la empresa con empleo precarizado. El convenio que fue firmado en mayo de 2016 entre el ministro de Trabajo Jorge Triaca y Arcos Dorados Arentina S. A contemplaba un sueldo de $4500 mensuales por 30 horas semanales de trabajo. De ese monto total el Estado Nacional se comprometía a aportar $1000.
La irregularidades y el atentado a los derechos laborales que planteaba ese acuerdo fueron denunciadas por el secretario de la Juventudad de la CTA, Matías Zalduendo junto a las diputadas Araceli Ferreyra, Lucila De Ponti y Silvia Horne con el asesoramiento del Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLeC).
La causa fue desestimada en más de una ocasión y no avanzó dado que el juez Calandrino no reconoció como legítima la participación de Matías Zalduendo como denunciante.
Recién en junio de este año, la Cámara Nacional del Trabajo dio a conocerla sentencia. Lamentablemente tarde (declarando abstracto el litigio), producto de que tanto la primera instancia como los demandados deliberadamente retrasaron la decisión final para que se cumpla el año del convenio convenido entre los suscriptores y así poder evadir una sentencia desfavorable a ellos.
Previo a la sentencia, se conoció públicamente que la empresa Arcos Dorados daba de baja el convenio, según ellos, por el fracaso en su implementación, explica en unos de sus ítems en informe del OPPleC.
Esta sentencia planteó entre otras cosas la legitimidad de Zalduendo como actor denunciante y el rechazo del acuerdo ya que se contradice con lo escrito en la Art. 14 Bis sobre derecho laborales de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Esta sentencia actualmente fue apelada por el PEN, pero los denunciantes originales recusaron al juez Rosenkrantz para que no puede intervenir dado que fue abogado apoderado de Mc Donalds y es socio del holding que compone un conjunto de sociedades de Arcos Dorados.
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