La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, se presentará en los próximos días espontáneamente ante el juez federal Ariel Lijo para intentar aclarar todos los interrogantes que el magistrado esbozó sobre el origen del dinero que le fue sustraído de su casa la noche en que Cambiemos llegó al poder. Michetti busca un golpe de efecto, una demostración contundente que la despegue de manera rápida y definitiva de un episodio en el que comenzó siendo víctima de un robo y hoy la exhibe públicamente como relacionada con un supuesto hecho de corrupción. Un episodio en el que, cada vez con mayor frecuencia, en las cercanías de Michetti se escucha la frase «fuego amigo».

Los nuevos abogados de Michetti, Ricardo Rodolfo Gil Lavedra y Alicia Laura Cano, trabajan desde la semana pasada en la redacción de un escrito que, confían, será determinante para que Lijo desestime la denuncia que formularon el abogado Leonardo Martínez Herrero, por un lado, y los diputados Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié, del Frente para la Victoria (FPV), por el otro.

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Tal vez la presentación espontánea de Michetti coincidirá con la ampliación de denuncia que formulará el abogado Martínez Herrero. A través de un mecanismo tan sencillo como intentar una donación a la fundación SUMA –que preside Michetti- mediante la página web oficial apareció una modalidad de recaudación simple y de uso frecuente en las transacciones comerciales vía internet: Mercado Pago. Hasta ahora, nadie había reparado en ello.

El juez reclamó «la totalidad de las transferencias recibidas o realizadas, detallando las fechas correspondientes, monto, moneda, información filiatoria del ordenante, datos de la cuenta ordenante y datos de la cuenta del beneficiario». Y advirtió que «en el supuesto que se registre a personas jurídicas como ordenantes o cotitulares de la cuenta beneficiaria se deberá detallar la razón social, número de CUIT, accionistas, directorio, representantes y domicilios».

Las operaciones a través de Mercado Pago deberían estar registradas en esa lista. Pero por si acaso no lo estuvieran, Martínez Herrero presentará probablemente mañana lunes los datos que surgen de la compulsa de la página de SUMA.

El sitio de internet <www.eldisenso.com> publicó un artículo en el que describió (y documentó) que en el video de la gala de la Fundación, que se realizó en la Rural el 1° de diciembre del año pasado (nueve días antes de que Mauricio Macri asumiera como presidente), los voluntarios de SUMA recorrieron las mesas munidos de Posnets para recibir donaciones de los asistentes mediante tarjetas de crédito o débito. Se recaudaron más de dos millones de pesos.

En los resúmenes de tarjeta de cada aportante quedó registrada la operación, pero ¿adónde fue a parar ese dinero?

El sitio web describe otro mecanismo de recaudación, a través de un link en la propia página de SUMA. «Luego de realizar un intento de donación, verificamos que en el sistema de MercadoPago que está recepcionando el dinero, la cuenta que figura como receptora de las donaciones es «FUNDACINSUMAFUNDACINSUMA» y está relacionada a un mail de la fundación que puede leerse parcialmente (***@fundacionsuma.org.ar) y el ID de usuario en MercadoLibre es 169391190″.

Toda esa información será entregada en las próximas horas al juez Lijo.

En la periferia de los Tribunales federales de Comodoro Py hay una enorme expectativa sobre Lijo. Signado por las causas en las que aparecen involucrados vicepresidentes, a Lijo no le tembló el pulso para avanzar a fondo, procesar y mandar a juicio político a Amado Boudou por la «Causa Ciccone». Nada indica que vaya a manejarse de otra manera con la vicepresidenta Michetti.

En derecho penal, una acusación se sustenta o se cae si hay –o no- pruebas de cargo. El espectro al que apuntó Lijo es muy amplio; la defensa de Michetti poco menos que lo agradece, pues pronostica que sobre esa base se edificará la inocencia de la número dos en la sucesión presidencial.

Por lo pronto, Michetti se asumirá formalmente como imputada en la causa. Ya lo hizo, de alguna manera, al designar abogados defensores. Pero la presentación por escrito que está preparando se inscribe en una combinación de artículos del Código Procesal Penal -el 73 y el 279- que se alinean bajo el título de «Derecho del imputado». La defensa de Michetti reconoce que existió una «presentación tardía» de balances y registraciones como empleador. Pero la atribuye a una desprolijidad administrativa, mas no a un delito. Por lo demás, asegura que «vendrán muy bien» los informes de la Unidad de Información Financiera (UIF), los reportes de las operaciones bancarias y las rendiciones de cuentas que aportarán sobre el funcionamiento de SUMA. El objetivo de fondo parece ser la demostración judicial de que el dinero sustraído en su casa del barrio porteño de Balvanera no tiene relación con nada turbio en SUMA. «Porque en SUMA no hay nada turbio», explican.

El juez Lijo ordenó levantar el «secreto bancario» y requerir al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que con carácter «urgente», en un plazo de diez días (que ya están corriendo), todas las entidades bancarias, financieras y cambiarias informen si la fundación de Michetti «registra cuentas o productos (plazos fijos, cajas de seguridad), así como también si se ha registrado operaciones y/o transferencias a su nombre o el de cualquier persona física».

¿Podría surgir de allí alguna cuenta desconocida a través de la cual se canalizara dinero de la fundación». «Imposible. Cualquier suposición en ese sentido es absolutamente falta», responden en las cercanías de la vicepresidenta. «