La danza de nombres para reemplazar a Marcela Losardo en el Ministerio de Justicia que de hecho ya no conduce la impulsó el propio presidente Alberto Fernández. Lo hizo en vivo, por el canal C5N. Los diputados oficialistas Juan Martín Soria y Ramiro Gutiérrez fueron posicionados como candidatos, aunque no son los únicos. El viceministro Juan Martín Mena también corre. El nombre de Vilma Ibarra llegó a sonar, pero fue la propia secretaria de Legal y Técnica la que dejó en claro que quiere seguir en su cargo y no agarrar esa papa caliente. Por lo pronto, según pudo saber Tiempo, el decreto de reemplazo de Losardo aún no está listo. Lo que sí está definido es el futuro de la todavía ministra: será embajadora argentina ante la UNESCO.

La persona que se siente en ese sillón deberá asumir un rol beligerante en contra de los privilegios del Poder judicial. También deberá entender qué significa pelear contra el lawfare. La aparición de Vilma Ibarra en la tele la semana pasada para defender la gestión del presidente en la AFI, pata esencial del lawfare, junto con los medios y la justicia, y su aparición posterior con el ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, para reclamar la reforma judicial con perspectiva de género, puso a la secretaria Legal y Técnica en la palestra. Pero desde su entorno aseguraron que quiere quedarse donde está, cargo clave y de alta confianza del mandatario.

En la reunión que tuvo el presidente con el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, este domingo en Olivos se conversó sobre la Comisión Bicameral. “Él (Massa) me consultó casi como si fuera un profesor de derecho-dijo el presidente en el reportaje televisivo-. Creo que quiere impulsar la comisión, pero es de la Cámara de Diputados la decisión de hacerlo o no hacerlo”.

Desde el massismo confirmaron a Tiempo que no propusieron como espacio político a Gutiérrez para Justicia. Y destacaron la mayor parte del diálogo entre el jefe de Estado y el titular del Diputados fueron “los temas económicos “.

El lawfare sufrió a nivel regional un duro golpe tras la recuperación de Lula de sus derechos políticos. Sin embargo, dentro de la coalición gobernante, es un tema impulsado por el kirchnerismo y el propio presidente, pero del que el massismo toma más distancia.

Es por eso que los nombres en danza se ajustan a dos, el diputado Martín Soria, que viene denunciando las reuniones del ex presidente Mauricio Macri en la Rosada con jueces federales, y Mena. La decisión de Alberto se cerraba este martes en una mesa política sin invitados. Según pudo saber Tiempo, no había conversado el asunto con ninguno de sus ministros. Es un dilema que precisa una pronta resolución para que una de las carteras más calientes del momento no quede virtualmente acéfala muchos días más.