La reforma de la ley de alquileres quedó en una zona de indefinición desde hace algunas semanas en la Cámara de Diputados. El ímpetu reformista que burbujeaba alrededor de la la ley actual -iniciado por la oposición y amparado por Sergio Massa luego de la derrota oficialista en las legislativas- declinó su intensidad hasta casi diluirse en las últimas semanas. ¿Qué ocurrió?

Luego de semanas de debate en la comisión de Legislación General, tres dictámenes de modificación al texto vigente quedaron disponibles para su tratamiento en la de Presupuesto, ya que implican cambios a nivel impositivo. La abultada agenda de la comisión que preside Carlos Heller parece que estirará los tiempos mucho más: debe ocuparse primero de Boleta Única y el fondo para pagarle al FMI, por nombrar dos proyectos de ley complejos de destrabar.

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El dictamen de mayoría pertenece al Frente de Todos y es un proyecto de José Luis Gioja: sostiene el plazo de tres años y la actualización bajo el índice que cruza inflación con salarios -en blanco, vale aclarar- pero suma incentivos para pequeños propietarios. A la notoria caída de la oferta de propiedades en alquiler, el proyecto le opone una baja en Bienes Personales para quienes los disponibilicen, además de proponer que los dueños monotributistas de hasta tres unidades funcionales no deban ingresar al Régimen General de AFIP. 

Al respecto, el diputado y ex gobernador de San Juan le dijo a Tiempo que se trata de medidas para “proteger al inquilino” ante el intento de derogación por parte de la oposición, “que originalmente traccionó esta ley, porque era la ‘Ley Lipovetzky’”, en referencia al ex diputado nacional y hoy legislador bonaerense, Daniel Lipovetzky. “Lo que acá pasa es que los que tienen mucho quieren tener más y los inquilinos quieren vivir mejor pero no pueden pagar más. Hay intereses contrapuestos y el estado tiene que regular el mercado”, afirmó Gioja, que aseguró que Juntos por el Cambio buscó desarmar “la médula de la ley: reducir de tres a dos años el plazo. Pero hay que ponerse en el cuero de una familia que tenga que mudarse cada dos años”.

En efecto, uno de los dos dictámenes de minoría de la oposición fue el de la coalición de PRO, UCR y Coalición Cívica, el cual plantea un plazo de contrato de dos años, una actualización del monto cada un mínimo de seis meses a porcentajes acordados entre las partes. El otro fue el de Graciela Camaño, que propuso un plazo similar pero con topes de ajuste por inflación.

Teniendo en cuenta que el panorama reflejaba un consenso legislativo que retrotrayera al marco legal anterior sobre las condiciones con que las y los inquilinos de Argentina se procuran su vivienda -al punto de que sectores de JxC se plegaron al pedido de derogación total presentado por la escueta bancada ultraliberal-, el saldo de los dictámenes terminó expresando un cambio de escenario durante el tratamiento en la comisión. La reconstrucción de las negociaciones permiten al menos algunas conclusiones sobre el costado político del tema alquileres.

Triple derrota inmobiliaria

Marta Liotto, presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), dialogó con Tiempo luego de la confirmación de los dictámenes y se mostró contrariada. “Ninguno de los bloques expresó lo que nosotros pedimos. Nos llevaron a la comisión, hablamos pero nadie escuchó. Con estos proyectos de modificación, podemos entrar en inseguridades jurídicas para las partes”, afirmó. 

Liotto, quien también es secretaria de la UCR en Capital Federal, recordó que María Eugenia Vidal fue recibida por CUCICBA durante la campaña electoral de 2021. “Acá vino Vidal y nos dijo que iban a derogar la ley, y ahora plantean esto que no tiene nada que ver. La única que tuvo coherencia fue Carolina Píparo”, señaló en referencia a la diputada de Avanza Libertad.

En los últimos días, la organización que nuclea a las inmobiliarias de CABA presentó una encendida nota que circuló por los despachos de Diputados: “Tuvimos razón cuando dijimos que la ley 27.551 iba a fracasar. Esperemos que esta vez no tropecemos con la misma piedra. De ustedes depende”, dice el texto en su último párrafo. 

En paralelo, el también radical Martín Tetaz participó del trabajo de comisión y luego tuiteó:  “Gracias al debate por la Ley de Alquileres muchos están descubriendo las limitaciones de no tener mayoría. Por eso hicimos toda la campaña remarcando la necesidad de llegar a 120 diputados y por eso Javier Milei no podrá hacer ninguna de las reformas que promete con solo 30 diputados”. El mensaje que cuaja desde el tono del diputado es claro: a la hora de tomar postura, no hubo consenso interno y el viento derogador se disipó.

CUCICBA sufrió dos derrotas más: la Corte Suprema de Justicia falló en contra de un reclamo por la legislación porteña que obliga a las inmobiliarias a cobrarle su comisión al propietario y no al inquilino; a su vez, la Cámara Comercial anuló la orden de la Inspección General de Justicia contra RE/MAX y habilitó a la multinacional inmobiliaria a volver a operar, por lo que los martilleros recurrirán también al máximo tribunal.

Salvataje sindical y después

“El fallo de la Corte contra las inmobiliarias llegó tres días antes de la firma de los dictámenes”, señaló Gervasio Muñoz de la Federación Nacional de Inquilinos en diálogo con este medio. Afirma que considera clave la participación de muchos inquilinos de todo el país en el debate de la comisión. “La oposición se dio cuenta que estaba empujando un proyecto muy lumpen, una especie de ‘vamos por todo’ de las inmobiliarias a las que les conviene que los y las inquilinas pasemos cada dos años por sus locales a renovar contratos y pagarles comisión”, definió. 

Muñoz también señala que la voluntad de retrotraer la ley incluía a sectores del Frente de Todos, en especial del massismo. Pero en los últimos días, resultó determinante el involucramiento activo de los dirigentes sindicales Pablo Moyano y Omar Plaini. El camionero y el canillita acercaron posiciones y explicaron las ventajas de una cohesión frentetodista para defender el actual texto de la ley.

Por último, el referente inquilino pone el foco en el rol económico y social que tienen las inmobiliarias en Argentina. “Es evidente que solo juegan para sus intereses produciendo graves consecuencias en el acceso a la vivienda. Allí es donde hay que mirar y discutir qué rol tiene que cumplir el estado en la única forma que hay hoy de acceder a un techo: alquilando al mercado privado”, planteó. Tras la sentencia sobre las comisiones en Capital, la Federación Nacional de Inquilinos llevará proyectos de ley para replicar la medida en Neuquén, Entre Ríos, San Juan, Córdoba, provincia de Buenos Aires y Santa Fe.

En este escenario, cualquier modificación a la ley de alquileres enfrentará un largo y sinuoso camino. De lograr tratamiento y dictamen en Presupuesto, deberá ser votada en la Cámara de Diputados, que girará el proyecto a comisiones en Senado. Ahí tendrá que salir indemne de la votación para luego ser promulgada por Presidencia. Se trata de tiempos que, a priori, no parecen pertenecer a este mandato.