Un grupo de organizaciones comenzó a postular al fiscal federal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, ante la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación para ocupar el cargo de defensor del Pueblo de la Nación que se encuentra vacante.

La candidatura se apoya en «el compromiso que ha demostrado a lo largo de sus dictámenes, en defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad y su férrea disposición para proteger los derechos de los trabajadores, así como de preservar los fondos que son patrimonio del pueblo y garantía para nuestros jubilados».

De Vedia ya recibió el apoyo de los Curas en Opción por los Pobres, la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria y el programa Acción de Paz, entre otras entidades.

 La Defensoría forma parte del sistema de protección de Derechos Humanos de la ONU con estatus  «A», razón por la cual el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, instó nuevamente al país a designar defensor.

De Vedia fue el autor de la denuncia  contra el titular de Anses Emilio Basavilbaso por la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, que derivó en la citación a indagatoria del funcionario. A raíz de esa imputación, De Vedia fue desplazado de su cargo en la Unidad Fiscal de Seguridad Social (UFISES). También en el marco de la investigación sobre irregularidades con el FGS, el fiscal denunció al exministro de Finanzas, Luis Caputo, quien integró el Comité Ejecutivo del organismo y desde allí habría desviado fondos previsionales en favor de un fondo de inversión, Axis, del que fue director hasta el 4 de diciembre de 2015. También denunció a Luis María Blaquier, exdirector del FGS hasta fines de 2016, quien según De Vedia habría continuado ligado a Cablevisión y Arcor y promovido desde el Fondo la compra de acciones de esas empresas en «beneficio personal o de terceros».

También se opuso al recorte masivo las pensiones por discapacidad y dictaminó que con la reforma previsional se estaba violando un derecho adquirido y que se debía frenar el recorte de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH). «