Lo sucedido con la cocaína adulterada en barrios del Conurbano Bonaerense reavivó la necesidad del debate urgente que se debe dar en el Congreso en torno a la despenalización del consumo de estupefacientes. Esta semana un grupo de diputados del Frente de Todos presentó un proyecto para que la mirada de la ley esté puesta en la salud pública y no se criminalice a los usuarios sino a los narcotraficantes.

La iniciativa fue presentada por la diputada oficialista Carolina Gaillard. Cuenta con la firma de sus compañeros de bloque Mónica Macha, Blanca Osuna, Verónica Caliva, María Rosa Martínez, Carolina Yutrovic, Jimena López, Itaí Hagman, Mabel Caparrós, Lucia Masin y Mara Brawer.

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El proyecto propone una reforma del Régimen Penal de Estupefacientes, Ley 23.737, con el objetivo de despenalizar el consumo, aplicando la doctrina del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional la persecución de personas usuarias de cualquier sustancias.

La ley que rige hoy fue sancionada en 1989 y castiga el consumo, la comercialización y la tenencia de drogas. El fallo de la Corte Suprema, de 2009, declaró inconstitucional la penalización del consumo de marihuana, al tratarse de una persona adulta que no pone en peligro a terceros. La decisión está basada en el artículo 19 de la Constitución Nacional, según el cual cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre su estilo de vida que desea sin que el Estado pueda intervenir. 

“Vemos hace mucho tiempo la necesidad de una modificación de la ley de drogas. El paradigma prohibicionista fracasó en el mundo como también la política de guerra contra las drogas. Es necesario priorizar la mirada de salud pública por sobre la mirada de criminalización”, le dijo Gaillard  a Tiempo. 

La iniciativa ajusta la política de drogas en relación al cannabis, otorgándole un estatus jurídico proporcional y comprensivo de su dimensión medicinal. En este punto, Gaillard explicó: “También modifica la ley para legalizar el cultivo de cannabis, entendiendo que no es lo mismo que otros tipo de sustancia y de esta manera evitar los allanamientos y causas a los usuarios medicinales”. 

Asimismo, armoniza la ley penal con la protección de la salud pública y Ley de Salud Mental, eliminando la criminalización y los tratamientos compulsivos que no cumplen, y por el contrario obstruyen, los objetivos de salud pública. 

Por otro lado se fija un umbral de dosis, hasta 40 gramos de flores y/o semillas y la cosecha o cultivo de hasta 9 plantas de cannabis de efecto psicoactivo. Se reconocen las circunstancias de vulnerabilidad de género y pobreza como atenuantes de responsabilidad. Un punto importante es que propone excluir de responsabilidad criminal a médicos y profesionales que receten cannabis con destino medicinal, terapéutico y/o paliativo, a fin de evitar que la criminalización se contraponga a la ley de cannabis para la salud y su acceso. 

Por su parte, el diputado nacional por Río Negro, titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo, manifestó su postura en contra de la legalización. Di Giacomo fue presidente de la Comisión de Adicciones hasta el recambio de diciembre pasado y busca renovar ese lugar de cara a los próximos dos años, aunque reconoce tener posiciones encontradas con el gobierno respecto a la mirada en este tema. 

En declaraciones a Tiempo, señaló: “En argentina hay una despenalización de hecho. No se va preso por consumir cocaína o tener un porro. El propio ministro de Seguridad bonaerense te dice que hay más de 200 mil dosis diarias que se están vendiendo. De alguna manera, acá el problema pasa por pensar que hay sectores que quieren detrás de la despenalización la legalización”. 

“La legalización de las sustancias no sólo que no soluciona el problema sino que aumenta el número de consumidores. Esto está demostrado con el uso de las sustancias legales. En nuestro país tenés un bombardeo permanente desde la publicidad para el consumo de sustancias que tienen que ver con la modificación del estado de ánimo. Hay una inducción social. No hay política de gobierno para disminuir o generar conciencia del daño que producen, salvo en el caso del tabaco”.

Como exministro de Seguridad bonaerense y actual presidente del bloque del PRO en la Cámara Baja, Tiempo consultó a Cristian Ritondo. “Creo que no tenemos que caer en el juego de penalización sí o no porque de ese modo nos llevan a una solución coyuntural y espasmódica. Y no se da una concreta resolución a un problema multicausal como es la cuestión de las adicciones”. 

“Si permitimos caprichosamente que los chicos no concurran a la escuela con la excusa de la pandemia o, como escuchamos en estos días, a muchas madres reclamando para que sus hijos puedan ser tratados de esta enfermedad, porque la actual ley de salud mental no los contiene, o nuestras fronteras no son custodiadas como se debe, entonces nos encontramos frente a un grave problema de incapacidad del Estado en implementar políticas públicas adecuadas. Y nos quieren mostrar desde algunos sectores que la despenalización es la solución”, afirmó. 

Para el ex funcionario de María Eugenia Vidal, “hacer publicidad -como vimos del Ministerio de Salud bonaerense- pensando que somos un país escandinavo y casi rozando con la apología de la droga es por lo menos, de una ausencia del Estado absoluta. Pensamos que somos un país europeo para originar estos debates de despenalización y no nos damos cuenta de la realidad que vivimos, estamos frente a gobierno miope».