Luego de semanas de jugar al secretismo, Natalia Gambaro dejó de ser la titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (el ex Renar). La reemplazó Eugenio Cozzi, un tirador profesional resistido por varias organizaciones que bregan por el desarme de la sociedad. La gestión de Gambaro quedará marcada por haber recibido fuertes críticas tanto de los amantes de las armas como de sus detractores.

Si bien hacía más de un mes que se barajaba esta posibilidad, la información fue publicada recién hoy en el Boletín Oficial, donde quedó confirmado que la funcionaria renunció y que Cozzi asumirá en su lugar. Cuando la ola de rumores la ubicaban directamente fuera del gobierno, Gambaro desmintió su salida en el programa de Jorge Lanata, donde además «sacrificó» al perito de Gendarmería Gustavo Bursztyn Milberg, quien unos meses antes había participado de la autopsia de Santiago Maldonado.

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En esa ocasión, Gambaro acusó a Bursztyn Milberg de haber firmado unos 20.000 certificados truchos en los que se avalaba las condiciones mentales de los interesados en adquirir un arma. Según la funcionaria, el experto de Gendarmería nunca se entrevistó con los solicitantes. Por lo que pudo averiguar este diario, esa denuncia nunca llegó a la Justicia.

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Quienes cuestionan a la funcionaria saliente, indican que sentó las bases para que la empresa Dienst Consulting hiciera un gran negociado al manejar de manera exclusiva el otorgamiento de los certificados de apta médica, obligatorios a la hora de sacar una licencia de legítimo usuario. Un trámite que antes podía costar 700 pesos pasó a valer más de 3.500.

Además, esta empresa no tenía sedes en todas las provincias y en algunos casos los usuarios que debían renovar la licencia o aquellos interesados en obtenerla, debían hacer más de mil kilómetros. Estas cuestiones generaron que muchos optaran por desistir de hacer el trámite por lo que muchas armas pasaron a la clandestinidad.

Según los datos oficiales que aportó el jefe de Gabinete Marcos Peña en el Senado, en el 2016, apenas el 31% de los legítimos usuarios tenía su credencial vigente: sólo 321.122 de los 1.009.993. De acuerdo a las estimaciones de la Red Argentina para el Desarme, «a las 3,5 millones de armas fuera de todo control del Estado se agregan, mes a mes, con la implementación del nuevo sistema, alrededor de 4200 que estaban registradas y dejarán de estarlo. De continuar así, en pocos meses más, el Estado tendrá fuera del sistema más del 90% de las armas que están en manos civiles».

Posiblemente, el punto de no retorno entre Gambaro y el gobierno ocurrió el 27 de abril cuando seis diputados nacionales que responden a Elisa Carrió le solicitaron al Ejecutivo un pedido de informes sobre el funcionamiento de la ANMaC y especialmente de la empresa Dienst Consulting SA.

Gambaro nunca fue considerada como una macrista pura. Fue diputada nacional de Francisco de Narváez y luego respondió directamente a uno de sus hombres de confianza: Gustavo Ferrari cuando éste recaló en la Asesoría General de Gobierno del entonces gobernador Daniel Scioli. En ese momento, Gambaro fue la interventora de la Fundación Felices Los Niños de Hurlingham. Hoy, vale aclarar, Ferrari es el ministro de Justicia de María Eugenia Vidal.

Hace un mes, cuando se mencionaba a Cozzi como el reemplazo de Gambaro, la Red Argentina para el Desarme, indicó: «El ministro de Seguridad Germán Garavano dejaría el organismo en manos de los usuarios, vendedores y fabricantes de armas y municiones». Cozzi fue directivo de ALUTARA, la asociación análoga argentina de la cuestionada National Rifle Association de Estados Unidos y fue presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal.

Mientras tanto, trascendió que Gambaro seguiría acompañando la gestión de Garavano desde otro lugar.