La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento contra Carlos Cobas, ex director de Logística de la Secretaría General de Presidencia durante el gobierno de Mauricio Macri, por la contratación de charters aéreos para funcionarios con la empresa de un primo suyo, por un valor aproximado de 70 mil dólares.

Cobas fue procesado por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” y sufrió un embargo sobre sus bienes por un millón de pesos, de acuerdo con el fallo firmado por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

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Según la resolución, Cobas “no fue imparcial al momento de asignar las contrataciones a Únicos Air S.A. y que habría tenido en miras el beneficio de un tercero -en este caso el de su familiar dentro del cuarto grado- en las operaciones en que intervino en razón de su cargo”.

Cobas renunció a su cargo en marzo de 2017, en el marco de una investigación que impulsaba el difunto fiscal Jorge Di Lello sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de rutas aéreas comerciales a empresas de low cost, entre ellas Avianca, por entonces vinculada con MacAir, que pertenecía a la familia del entonces Mauricio Macri.

“Por el nivel de familiaridad que tenía con el accionista de Únicos Air S.A. y por el conocimiento acerca de las empresas del rubro, Cobas se habría interesado particularmente en el negocio cuando la actitud esperada de un funcionario público con su cargo era radicalmente la opuesta”.

El ex funcionario macrista, según el fallo, “intervino en cuatro oportunidades a fin de que el Estado adquiriera los servicios de charters aéreos de la empresa Únicos Air S.A. beneficiando a Diego Martín Colunga Campos, quien resulta ser primo del imputado y accionista de dicha sociedad”.

La imputación contra Colunga Campos fue archivada por “inexistencia de delito” y la decisión fue confirmada por la Cámara Federal en noviembre de 2018.

Para justificar la contratación –añade el fallo- “Cobas habría utilizado otros dos presupuestos de empresas respecto de las cuales tenía cierta influencia”.

“El funcionario público habría tenido una inclinación por determinada empresa y que, con esa tendencia, afectó la imparcialidad, neutralidad y libre competencia que debe reinar en mundo de las contrataciones estatales”, sostuvieron los camaristas.

“Su comportamiento –añadieron- habría vulnerado el fiel y debido desempeño de las funciones propias de la administración pública, bastando para ello la sola sospecha de parcialidad”.

“Cobas debió haberse inhibido para intervenir en una contratación en la que su primo, a través de una persona jurídica, resultaba parte. Pero esa no fue la única irregularidad: también debió haberlo hecho por haber estado vinculado con Únicos Air S.A. en un periodo menor a los tres años desde que asumió la función pública”, agregó la resolución.