El comisario general José Pedro Potocar fue el primero en hacerse cargo de la Policía de la Ciudad y también el primero en ser procesado con prisión preventiva como jefe de una asociación ilícita. Se lo acusa de cohecho y extorsión a comerciantes y empresarios, es decir, de exigirles dinero a cambio de protección y a «trapitos» para no detenerlos en la zona de Núñez y Saavedra. La asociación ilícita incluye a varios integrantes de la comisaría 35.

El juez de instrucción Ricardo Farías dictó la medida sobre Potocar, que está detenido desde el 25 de abril a pedido del fiscal José María Campagnoli, y además sumó un embargo de 450 mil pesos. Hace unos días, la defensa de Potocar había apelado la detención, por lo que para el jueves ya estaba prevista una audiencia en la Cámara en lo Criminal. Lo que se defina en esta audiencia podría influir en la situación del comisario detenido.

En el pedido de detención realizado por el fiscal se decía que Potocar “no sólo fue connivente frente al funcionamiento de esta estructura (criminal), sino que promovió su instauración, brindó la protección que un sistema permanente de corrupción como éste ineludiblemente requiere y lo blindó ante posibles detractores internos a través del uso arbitrario de los mecanismos administrativos policiales.”

Los delitos por los que se lo acusa tuvieron lugar cuando Potocar era director General de Comisarías y tenía el manejo de las seccionales. El modus operandi mencionado incluía tanto a los subordinados, encargados de “cobrar” y a superiores, que recibían el dinero recaudado. Por esta causa, varios oficiales de la Policía de la Ciudad fueron procesados con prisión preventiva, entre ellos la comisaria inspectora Susana Aveni y el subcomisario Marcelo Stefanetti.

El 4 de este mes, el suspendido jefe de la Policía de la Ciudad amplió durante cinco horas su indagatoria ante el juez de la causa en la que según su abogado, Christian Poletti, dijo que “en la causa no hay prácticamente ninguna prueba que involucre ni directa ni indirectamente a Potocar. No sabemos si es una cuestión política o de vedetismo o de posicionamiento de la fiscalía”.