Con pocas chances de avanzar en un juicio político contra el presidente Alberto Fernández por el escándalo por el cumpleaños de Fabiola Yáñez en plena cuarentena en la Quinta de Olivos, legisladores de Juntos por el Cambio piden debatir la responsabilidad del mandatario nacional.  Sin los lilitos, el interbloque opositor presentó dos proyectos de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación. 

Las dos iniciativas se presentaron el viernes a última hora, por lo que este martes la mesa de entrada de la Cámara Baja le dio ingreso formal. Bajo la figura de proyecto de resolución, ambos textos proponen promover el juicio político contra el presidente de la Nación Argentina por mal desempeño y por la eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 de la Constitución Nacional. 

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Con horas de diferencia, primero se presentó una iniciativa de un puñado de legisladores del radicalismo y el PRO, encabezados por Waldo Wolff y Fernando Iglesias, y luego otro encabezado por Mario Negri, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, y Cristian Ritondo, el presidente de la bancada PRO de la Cámara baja.

La diferencia entre ambos proyectos está en la redacción. El primero se remite en sus argumentos a otros hechos considerados como “desmanejos” en el gestionar de la pandemia del jefe de Estado. Y el de Negri apunta al hecho especifico de Olivos. Como dato de color, en ambos estampó su sello el mendocino, macrista, Omar de Marchi, y ninguno fue respaldado por los diputados de la Coalición Cívica, cuya referente, Elisa Carrió, opinó que es un tema en el que tiene que avanzar la Justicia. 

En la misma línea, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta señaló en diálogo con FM Urbana que un pedido de estas características “hay que estudiarlo más. No tengo el detalle de los causales del juicio político, a priori no parecería”. 

Cero chances 

El Frente de Todos tuvo la oportunidad el año pasado de poner en funcionamiento la Comisión de Juicio político que está presidida por la diputada del oficialismo Josefina González para avanzar en los doce pedidos de destitución al procurador interino de la Nación, Eduardo Casal. Eso no sucedió y salvo que el propio oficialismo (tiene la mayoría de representación en la comisión) quiera ir contra el presidente, en esta oportunidad los pedidos no son más que un pronunciamiento de la oposición en medio de la campaña electoral. 

Según el sistema constitucional argentino, en un juicio político el órgano acusador es la Cámara de Diputados y el tribunal la Cámara de Senadores.

Como ya contó Tiempo, la comisión que se encarga de “investigar y dictaminar” las causas de responsabilidad contra los funcionarios públicos o tomar las denuncias que se presentan en la Cámara está compuesta por 31 legisladores de los cuales 16 son del Frente de Todos, 14 de Juntos por el Cambio, y 1 de Consenso Federal.

Hasta el momento no hay antecedentes de remoción de un mandatario nacional.  El reglamento interno de la Cámara establece varios pasos previos al juicio político.  Primero, los miembros de la Comisión analizarán si se dan las condiciones para la apertura del sumario de investigación. Si se abre el informe, los diputados podrán realizar inspecciones de lugares de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Penal. Y si existieran motivos, el cuerpo podrá solicitar al juez federal que corresponda el registro del domicilio y el secuestro de material que pueda servir como prueba. 

Los parlamentarios podrán interrogar a toda persona que conozca los hechos investigados. Es importante destacar que si un testigo incurriera presumiblemente en falso testimonio se ordenará sacar las copias pertinentes y se las remitirá al juez competente. Una vez que se obtuvieron y analizaron los resultados, los integrantes de la Comisión deberán votar, con mayoría simple, si se sigue el juicio político. 

Si la Comisión resuelve que es improcedente, debe hacer un dictamen en rechazando el pedido que deberá ser elevado al plenario de la Cámara de Diputados. De haber motivos fundados para el enjuiciamiento, el dictamen se tratará primero en la Cámara Baja y luego en la Alta. Y para lograr la destitución del funcionario tendrá que contar con la aprobación de la mayoría especial –dos tercios- en ambos recintos.  Lo cierto es que, con la campaña electoral, en el Congreso no se percibe ninguna actividad para esta semana. Escaso trabajo de comisión en el Senado y nada en Diputados, donde el oficialismo no quiere preparar un terreno para que la oposición utilice con su agenda y reclamos.