El crimen ocurrió hace un año, en Villa Mascardi, un paraíso que mutó en infierno cuando fuerzas federales reprimieron una protesta mapuche y asesinaron a Rafael Nahuel. 

Aquella tarde, la bala disparada desde un subfusil MP5 terminó con la vida del joven de 21 años, cuyo asesinato aún permanece impune. Lógico: desde el primer momento, el gobierno y la justicia maniobró para postergar el acceso a la verdad. 

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Apenas conocido el crimen, el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, sostuvo la teoría del “enfrentamiento”. En esa versión de la historia, los efectivos de prefectura se defendieron de “15 y 20 personas encapuchadas, con máscaras antigases de tipo militar y banderas con lanzas que en sus puntas tenían atados cuchillos”. La inspección ocular del 7 de diciembre de 2017 en Villa Mascardi demostró, sin embargo, que los únicos que dispararon armas de fuego fueron los agentes de Albatros. En el peritaje del que fueron parte más de 100 personas junto al juez Gustavo Villanueva encontraron vainas servidas de 9 milímetros y postas de goma de cartuchos anti-tumulto: fueron 114 disparos en total. 

En junio se supo que la bala que había matado a Rafael Nahuel fue disparada por el fusil del cabo Francisco Javier Pintos. La revelación entusiasmó a los familiares, que imaginaron un rápido desenlace judicial. Pero no. El Prefecto fue citado a declarar y negó ante el juez haber usado el arma que le pertenecía. Ante el Tribunal dijo que su compañero Juan Ramón Obregón fue quien utilizó un MP5 esa tarde del 25 de noviembre. 

A un año del asesinato, el caso sigue en veremos. Ni Pintos ni Obregón –que finalmente fue citado a declarar– fueron detenidos con prisión preventiva, el caso pasó de mano en mano en los tribunales y aún persiste la impunidad. La imagen de Rafael, un changarín con sueños interrumpidos a balazos, vela la lucha de sus compañeros pintada a mano en banderas que reclaman justicia y verdad.