Por no haber calculado los juegos y los caniles, el Gobierno de la Ciudad debió gastar más de 57 millones pesos, en vez de los casi 49 presupuestados. Además, les otorgó ese beneficio a la Corte Suprema para "no entorpecer el correcto funcionamiento de la Justicia".
Todo fue legal, público y transparente. Y llamativo por el monto involucrado. Tramitó en la licitación pública 344/SIGAF/2016, que fue aprobada mediante la resolución 1.695/MAYEPGC/16. Se presentaron diez empresas y finalmente el gobierno porteño la adjudicó por 48.969.993,82 pesos: El objetivo de la propuesta es la puesta en valor de la Plaza Lavalle, recuperándola para uso de los vecinos, conservando los valores derivados de la gran superficie verde que representa, respetando los elementos a conservar por su valor histórico y cultural, como así también las especies arbóreas existentes. Para esto, se imprime a la plaza una lectura de mayor síntesis, mediante la unificación espacial de la misma, respetando sus valores históricos y culturales desde un lenguaje contemporáneo en un marco de mayor orden y posibilidad de uso.
El 1 de junio del año pasado, Algieri pidió la ampliación de los plazos de ejecución de la obra y sugirió trabajos adicionales: bancos o muretes de diseño para su reemplazo por otros de mejor uso, tareas referidas al canil, la provisión y plantación de especies arbustivas y arbóreas y la incorporación de tierra negra para relleno de nivelación, la incorporación de un trampolín circular Vulkano para el patio de juegos, el traslado de jaula de bicicletas en desuso, provisión y plantación de especies otoñales y la reparación del cable de datos del Poder Judicial, entre otros rubros que, evidentemente, no habían sido previstos en el pliego inicial. Así, el monto final trepó a 57.483.602,91 pesos que ya fueron pagados y la obra, terminada.
El gobierno porteño asumió un gasto adicional. La remodelación de la Plaza Lavalle incluyó la remoción de una playa de estacionamiento al aire libre situada frente a Tribunales, sobre las calles Talcahuano y Lavalle. Para que los jueces no se quedaran sin lugar para dejar sus vehículos oficiales, el gobierno porteño le cedió 120 cocheras sin costo a la Corte Suprema. Las cocheras están ubicadas en la playa de estacionamiento subterránea ubicada debajo de la plaza, con acceso por la intersección de las calles Tucumán y Libertad. La utilización de los lugares referidos tiene como objetivo no entorpecer el correcto funcionamiento de la Justicia. (
) Esta asignación gratuita se mantendrá mientras la Corte Suprema la necesite, explica el convenio firmado entre ambas partes.
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