La Cámara Federal de Casación confirmó las condenas contra los responsables por los muertos que causó la represión que precedió a la caída del gobierno de Fernando De la Rúa, pero ordenó revisar el monto de las penas que les cupo a cada uno.

Esa tarea, la de revisar las penas, estará a cargo del Tribunal Oral Federal número 6, el  mismo que hace cuatro años y después de un larguísimo juicio los condenó por hechos que habían ocurrido 15 años antes. Así, la causa por los trágicos episodios del 19 y 20 de diciembre de 2001 seguirá todavía sin resolución final

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

Las imputaciones estuvieron relacionadas con los homicidios “culposos” de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón y lesiones culposas a una veintena de manifestantes en los alrededores de la Plaza de Mayo. Los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma resolvieron “rechazar” los recursos deducidos contra la condena de Mathov y Santos como autores penalmente responsables de los delitos, al igual que a otros siete policías.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había pedido la habilitación de la feria judicial extraordinaria por el coronavirus y un “pronto despacho” para que la Cámara de Casación resolviera las apelaciones.

Hoy, los camaristas confirmaron la responsabilidad pero decidieron “hacer lugar parcialmente al recurso de casación, anular la sentencia recurrida sólo en relación a la pena impuesta y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se determine la sanción a imponer, previa sustanciación y audiencia de visu del imputado, de acuerdo a los lineamientos aquí sentados”.

El tribunal deberá fijar nuevas penas (pueden ser iguales o menores; difícilmente superiores), fundamentarlas y esa decisión será nuevamente apelable ante la Casación.

Ese trámite podría estirar por un tiempo impredecible una nueva decisión sobre aquellos episodios de principios de siglo.