Hace mas de 45 años, Ricardo fue testigo del secuestro de su padre, Luis Arédez, médico y ex intendente de Libertador San Martín, apenas unas horas después del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976. Militares fueron a buscarlo a su casa en un camión con el logo del Ingenio Ledesma, evidencia que sirvió para imputar a Carlos Blaquier, dueño de la empresa, y a Alberto Lemos, quien fue su administrador.

Esta semana se conoció que el Cuerpo Médico Forense determinó que Blaquier, de 94 años, no está en condiciones de afrontar un juicio oral luego de que el Poder Judicial demorara la investigación en su contra por 8 años. Así, uno de los casos más notorios de responsabilidad empresarial con el terrorismo de Estado está a punto de quedarse sin el principal acusado.

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“La historia la van a seguir escribiendo ellos, el poder económico encima de todo. Ante gobiernos y ante todo”, señala Arédez, golpeado por la novedad, y añade: “Esto completa todo un arco de impunidad”.

En 2015, cuando la Sala IV de la Cámara de Casación le dictó la falta de mérito a Blaquier y a Lemos en la causa Arédez y en la causa por las Noches de los apagones, todo parecía indicar que el empresario ganaba tiempo valioso para evitar ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.  Ricardo destaca “acuerdos que hubo entre el poder económico y Cámara de Casación” pero también señala la falta de acompañamiento social y político al reclamo de familiares y sobrevivientes de Jujuy que buscaban sentar al poderoso empresario en el banquillo de los acusados.

“Iba a ser un caso histórico, iba a servir para que nunca más se repitan estas cosas. Es un caso único y comprobado con semejante empresa, la más importante Latinoamérica, y nos ha costado mucho visibilizarlo con la madres y padres de familiares de Ledesma. Todo lo que nos costó y las persecuciones que hemos sufrido, incluso ahora”, explica y cuenta un episodio que vivió hace pocos meses, en octubre.

Luego de una inspección ocular del juicio que se realiza por la megacausa Jujuy, Ricardo le sacó algunas fotos a la montaña gigantesca de bagazo, residuo de la caña de azúcar, que se levanta en el ingreso a Libertador San Martín.  “Ahí me siguió un hombre de civil que estaba haciendo guardia en la montaña de bagazo y después un hombre en bicicleta me empieza a decir ‘señor Arédez, señor Arédez’.  Es muy, muy grave, porque yo estaba con lentes y barbijo negros, imposible que me conocieran. Son cosas que pasan aún hoy con la impunidad absoluta que tienen”, relata.

La historia de los Arédez y Ledesma es larga. Luis era médico y trabajó en la empresa a fines de los años 50’s. hasta que fue echado por los costos que generaba al recetar demasiados medicamentos para los obreros y sus familias. Luego siguió asesorando al sindicato e ingresó como prestador a la obra social de los trabajadores.  Durante su breve gestión como intendente, entre 1973 y 1974, le reclamó a la empresa impuestos adeudados e intentó incorporar las fábricas de Ledesma y sus colonias al ejido urbano. Pero Ledesma nunca pagó.

“Increíblemente, mi padre y mi madre son directamente muertos por Ledesma”, destaca Ricardo. Luego de su primer secuestro, Luis Arédez fue legalizado y pasó varios meses en el penal de Gorriti y en la Unidad Penal de La Plata. Fue liberado un año después y a los pocos meses fue nuevamente secuestrado y desaparecido. Su esposa, Olga Márquez de Arédez, encabezó durante años las marchas en reclamo de justicia por la desaparición de Luis y por los crímenes de las Noches de los Apagones y falleció en 2005 por una enfermedad inducida por el bagazo.

“Acá hay una cadena también de responsabilidades en democracia. Yo pienso en las madres y los padres y los familiares que salíamos ahí en Ledesma, el peor lugar para salir. Pienso en cómo se cierra esta historia y cómo siguen triunfando ellos, haciendo lo que quieren con la gente en todos los gobiernos, en todos, provinciales y nacionales, hacen lo que quieren, ese es el verdadero poder”, manifiesta Ricardo y añade: “Dominar a la gente, financiar el golpe de Estado como lo hizo Blaquier en el grupo Azcuénaga. ¿Qué más puede pasar? En democracia se cree que hay derecho no solo para este hombre, sino para los afectados y la gente que ha sufrido esto. Obviamente, derechos tienen ellos”.