“Lo que me llevó a hacer esto fue la obsesión de poder dar certezas ante tanta mentira planificada.” Las motivaciones que llevaron al periodista Sebastián Premici a investigar el caso que conmocionó al país quedan expuestas desde un principio. Cronista de Página/12 y director de la agencia Cadena Sur, Premici presentó este martes su segundo libro –Santiago Maldonado. Un crimen de Estado– en la víspera del primer año de la desaparición del joven artesano y tatuador oriundo de la localidad bonaerense de 25 de Mayo, al que los miembros de la comunidad mapuche del Pu Lof en Cushamen llamaban ‘el Brujo’.

Acompañado por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta y el diputado Horacio Pietragalla (Unidad Ciudadana), autores del prólogo y el epílogo del libro, el periodista expuso con datos, con imágenes proyectadas sobre una pantalla, con declaraciones realizadas por las autoridades del ministerio de Seguridad, toda la planificación previa que realizó el gobierno nacional -desde la misma comarca andina- para preparar el terreno, ejecutar y encubrir los resultados de la incursión armada de la Gendarmería en las tierras del Pu Lof .

Premici viajó cuatro veces y pasó muchos meses entre Esquel y el territorio que la comunidad mapuche reclama como de pertenencia colectiva y ancestral, en la provincia de Chubut. A la hora de contar los ejes de su investigación, explicó que revisó en detalle las dos causas judiciales que se abrieron a partir de la desaparición y muerte de Maldonado: la primera por el hábeas corpus, la segunda por desaparición forzada. También analizó los videos y muchísimas imágenes del momento en que la Gendarmería ingresó a la comunidad. Contrastó las declaraciones testimoniales de los uniformados, de los funcionarios involucrados, con todo ese material audiovisual.

Otro elemento clave en el trabajo fue el croquis que hizo a mano el defensor oficial de Esquel, Fernando Machado. Firmante de un hábeas corpus que se presentó ante el entonces juez federal Guido Otranto al día siguiente de la desaparición, Machado declaró ante la fiscalía unos 40 días después del operativo de los gendarmes. Durante su declaración y a pedido de la fiscal Silvina Ávila, Machado dibujó un croquis del Pu Lof.

Premici contó, también, que la Gendarmería borró fotos del día de la represión. El periodista realizó muchas entrevistas con la intención de llegar a la verdad sobre lo ocurrido. Se encontró con obstáculos, como que la ministra Patricia Bullrich y el desplazado juez Otranto se negaron a ser entrevistados. “Una de las cosas que comprendí rápidamente es que en casos de este tipo, en investigaciones de esta naturaleza, la clave está en los primeros momentos, en las primeras horas, cuando la información todavía está desorganizada porque el gobierno todavía no ordenó ni organizó qué decir”, planteó.

Cadena de encubrimiento

En el tramo más fuerte de la charla, Premici enumeró las irregularidades y las acciones probablemente punibles que alientan las sospechas sobre la complicidad y/o participación de funcionarios judiciales, del ministerio público y del Ejecutivo nacional en una cadena sistemática de encubrimiento.

 “El juez (Otranto), por ejemplo, rechazó que se fotografíen y se registren las vainas servidas de balas 9 milímetros que había a la vera de la casilla de guardia”, puntualizó el periodista. “Gonzalo Cané entraba y salía como dueño del juzgado”,  repasó.

Cané era secretario de cooperación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos de la cartera de Seguridad al momento de la desaparición de Maldonado. Hace tres meses renunció para retomar su viejo cargo de secretario letrado de la Corte Suprema.

“Daniel Barbieris entrenaba a los gendarmes para que tuvieran un discurso unificado”, recordó también Premici. También funcionario del ministerio de Bullrich, Barbieris es director de Violencia Institucional de esa cartera.

Otro hecho opaco es la parálisis en la que se encuentra el trámite internacional (exhorto) que debe gestionarse ante EEUU para que una empresa de telefonía de ese país aporte los datos de la llamada telefónica que el joven Ariel Garzi realizó al celular de su amigo Maldonado a las 15:18 del 2 de agosto, al día siguiente de la desaparición. “Movistar ya informó que la llamada fue registrada como exitosa”, señaló Premici.

Como el celular de Maldonado era de procedencia chilena, de la prestataria trasandina WOM, la detección de la llamada recibida debe hacerse a partir de un ‘carrier’ (transportista de llamadas internacionales) estadounidense. El perito informático Ariel Garbarz ya puso el foco sobre este tema, aunque por ahora sin resultados: de hecho, el juez federal a cargo de la investigación, Gustavo Lleral, recibió esta semana una carta documento enviada por el propio Garbarz en la que se le pide que emita una medida cautelar para que Movistar no destruya los “metadatos que serían fundamentales para el esclarecimiento” de la llamada de Garzi, realizada el 2 de agosto.    

“La antesala del terror”

Secundado por los economistas José Cárcamo y Ernesto Mattos, como también por su compañera Valeria y su hijo Mateo, Premici planteó que la instalación de la hipótesis del ‘enemigo interno’, asociada a la existencia de la denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), comenzó en enero de 2017. “Patricia Bullrich llegó a hablar de 96 procesos judiciales vinculados a la RAM. Eran causas inventadas, causas judiciales comprobadamente inventadas”, remarcó el periodista.  “Allí comenzaron a organizar lo que fue la antesala del terror”, advirtió.

Premici relacionó todo lo que pasó antes, durante y después del episodio represivo en las tierras lindantes con la estancia Leleque de Luciano Benetton con la intención del macrismo de militarizar la respuesta a la protesta social con un creciente involucramiento de las Fuerzas Armadas. “Este libro habla de un estado actual de injusticia. Este libro habla del caso Maldonado. Pero también describe el clima de época, el abismo al cual nos están llevando”, subrayó.

En el inicio de la charla, Gómez Alcorta y Pietragalla elogiaron la investigación y definieron al libro como “imprescindible”. Ambos ligados al movimiento de Derechos Humanos, los dos vincularon el caso Maldonado con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que permitió juzgar a los responsables del genocidio cometido durante la dictadura de 1976-1983.

“Las Madres nos demostraron que a las injusticias no hay que olvidarlas, para que no gane la mentira. Ya llegará el momento de la Justicia, y los responsables de lo que pasó con Santiago en algún momento van a pagar por cada una de las cosas que hicieron. Yo hablo en nombre de todos los abogados y abogadas que vamos a estar luchando para que estos tipos vayan a la cárcel”, remarcó Gómez Alcorta entre aplausos.