La oficina de Sorteos de la Cámara Federal porteña se convirtió hoy en un foco especial de atracción de denuncias contra el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, por su decisión de no acatar el fallo de la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal por la suspensión de las clases presenciales.

La primera denuncia fue presentada vía digital a las 0.38 por la Asociación Civil ADEC (Abogados por el Desarrollo Comunitario), representada por los abogados Juan Francisco Leotta y Darío Liurgo, y quedó radicada ante el juzgado federal número 10, a cargo de Julián Ercolini.

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Esa primera denuncia fijó qué juez intervendrá en todas, puesto que las presentaciones posteriores –todas de similares características- se unificarán en el juzgado número diez.

ADEC denunció al jefe de gobierno por los presuntos delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y desobediencia judicial”.

“La actitud asumida por el Jefe de Estado local se circunscribe en actos antifuncionales cuya trayectoria no parece estar exenta de la desobediencia judicial y del abuso de autoridad.

Negando las formas y modos de contagios, el Sr. Jefe de Gobierno ha decidido oponerse destructivamente y generarle el mayor caos político posible al Gobierno Nacional para conformar a un segmento de la sociedad que exige a gritos presencialidad escolar a como dé lugar”, evaluó la denuncia.

La entidad advirtió que el gobierno porteño se presentó ante la Corte Suprema como tribunal originario pero acató un fallo de otro tribunal (local) y luego desconoció uno en sentido contrario de un juez federal, para anunciar finalmente que respetará lo que resuelva la máxima instancia judicial del país, que aún no se pronunció.

“Larreta obró en contra de sus propios actos, mientras reconoce que el tribunal competente es la Corte Federal, acata la orden de un tribunal seudo municipal”, subrayó la denuncia.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari –añade la denuncia- “ordenó dejar sin efecto la medida cautelar por la que Rodríguez Larreta justificó la asistencia escolar presencial, recobrando plena vigencia y alcance el DNU 241/2021”.

Sin embargo, contrapone que “asombrosamente, el denunciado ordenó comunicar por todos los medios y redes sociales que la orden del Juez Furnari no iba ser acatada y que las clases continuaban en la modalidad presencial”.

“La conducta desplegada al dictar y/o ordenar una resolución contraria a la constitución y desatender una orden judicial hace que existan elementos suficientes para suponer que el denunciado ha quedado atrapado en las conductas descriptas” en los delitos que se le imputan, sostiene el texto.

Después de esa primera denuncia, ingresaron por la Oficina de Sorteos otras tres: la más grave es la del abogado Daniel Albor, quien acusó al gobierno porteño del delito de “sedición”.

En las otras, el abogado Daniel Valmaggia, apuntó a los presuntos delitos de “violación de medidas de propagación de la epidemia, instigación a cometer delitos, resistencia o desobediencia a los deberes de funcionario público”.

El dirigente del sindicato de estatales ATE Daniel Catalano sumó a las figuras imputadas por las otras dos denuncias, la de “envenenamiento culposo de medicinas y propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa”.