En la última sesión ordinaria del año del Parlamento, luego de otras leyes y ya entrada la noche se apuró la aprobación sobre tablas de la ley de presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación al cambio climático y también se dio rango de ley al gabinete nacional de cambio climático, creado por decreto en 2016.

La sanción fue aprobada por 163 votos con solo ocho abstenciones. Si bien en algún momento se propuso abrir el proyecto a una discusión mayor, finalmente por la presión ejercida por la agrupación Jóvenes por el Clima, que militaron esta ley hasta último momento, fue aprobada sin discusión en la sala.

Entre otros puntos se dio mayor respaldo al gabinete de cambio climático, cuya función será diseñar e implementar en las distintas áreas de gobierno un “plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático”. Si bien estaría coordinado técnicamente por la secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, políticamente estaría dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete. Además crea un Consejo Asesor Externo formado por científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, entidades académicas y empresarias, sindicatos y centros de investigación.

La ley apunta a establecer estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático. Además crea un Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, para transparentar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el monitoreo de las medidas de mitigación. Las provincias que no han participado de este proyecto deberán adherir por medio del Cofema, que es su organo oficial de funcionamiento.



Coincidieron en saludar la aprobación una gama de políticos de espacios enfrentados, desde el senador y diputado electo Fernando “Pino” Solanas –autor del proyecto–, el rabino Sergio Bergman, secretario de Ambiente de la Nación hasta el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso y el diputado PRO “Cali” Villalonga.

El proyecto aprobado en Diputados, en junio había tenido su media sanción en el Senado, su cámara de origen, establece “el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (tanto globales como nacionales) así como el de prioridad en las políticas públicas hacia los sectores más vulnerables.”