Finalizó la ultima jornada informativa de la Comisión de Legislación General que durante cuatro encuentros escuchó la palabra de más de 130 invitados. Los integrantes de la comisión que preside la oficialista, Cecilia Moreau, tienen la difícil tarea de sacar un dictamen de mayoría que no deje heridos ni a inquilinos ni a propietarios.

La semana que viene comenzarán a discutir las distintas iniciativas que proponen modificaciones a la Ley de Alquileres (27.551) y parece difícil que no haya rispideces, ya que las posturas de los sectores implicados son muy opuestas y quedaron plasmadas a lo largo de los encuentros. Es que desde las asociaciones de inquilinos reclamaron que no se elimine el índice previsto para los ajustes anuales -que combina IPC y RIPTE-, al tiempo que muchos de ellos reivindicaron el plazo del contrato de 3 años.

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Sin embargo, los representantes de las inmobiliarias pidieron precios libres para elegir como indexar los valores y plantearon volver a los contratos por dos años o semestrales. Otro de los pedidos fue que en las zonas turísticas se haga un tratamiento diferencial. 

Los expositores

Abrió la jornada la subsecretaria de Hábitat de la Municipalidad de Rosario, Josefina del Río, quien indicó que en esa ciudad «el 20% de la población alquila. Entre el 2020 y 2021 recibimos 14.000 consultas y el 73% buscó asesoramiento legal».

Por su parte, Susana González, de Fundación Amadeo Capital Humano señaló: «En la Constitución Nacional queda explícito que todos los argentinos tenemos derecho a una vivienda digna, y lo que se está discutiendo no nos da la posibilidad de tenerla».

Por su parte, desde la Fundación Haciendo, Josefina Mendoza, ex diputada radical, propuso que la reforma contemple «un régimen específico para estudiantes de nivel superior».

«Uno de los debates es si pasamos la exigencia de actualización de contrato de un año a un período más corto. Si no se le da una fijación objetiva a eso, se va a tender cada vez más a acortar los contratos», indicó Sergio Chouza de la Consultora Sarandí.

A su turno, la secretaria general de Ademys, Mariana Scayola, dijo que «esta discusión se está realizando sobre la base de 4 millones de familias que no tienen hoy garantizado el acceso a la vivienda propia y cualquier debate es insuficiente si no hay una discusión de fondo y una política que lo resuelva».

La directora de la Maestría de Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella, Cinthia Goytia, propuso «una reforma que no naturalice el fenómeno inflacionario en el mercado del alquiler», ya que «una regulación inapropiada puede generar serias distorsiones y reducción en la oferta a largo plazo».

Ronda una incertidumbre respecto a si habrá definiciones la semana que viene. Desde el oficialismo comentaron a Tiempo que tratarán de buscar los consensos posibles. Son muchos los proyectos presentados, entre ellos dos del Frente de Todos. Uno de José Luis Gioja y el otro de Gisela Marziotta.

Por ahora el acuerdo con Juntos por el Cambio de buscar una mejor ley sin derogar la vigente continúa y no hay rumores de pedir una nueva sesión especial.