Con la presencia de 16 mandatarios provinciales, el espacio publicó un documento común. Ejes, reclamos y coincidencias. La puja con CABA.
También remarcaron que «es hora de gestar consensos estructurales y políticas para el desarrollo que permitan generar nuevos empleos de calidad. Con este objetivo analizamos alternativas para federalizar políticas tendientes a transformar los planes sociales en trabajo genuino y digno».
«Queremos representar a nuestras provincias más allá del partido o la coalición que las gobierne. Nuestra convocatoria es amplia y plural para fortalecer la democracia con la participación de todos y todas. ¡Ese es el desafío!», concluyeron en el texto.
Por su parte, el chaqueño Capitanich publicó en sus redes sociales: «Trabajamos para concretar los acuerdos necesarios que permitan impulsar una Corte Suprema de Justicia de base federal con la representación de las provincias argentinas a través de juristas calificados».
Hoy, la Liga de Gobernadores tiene dos grandes frentes de disputa que son la reforma de la Corte Suprema, por un lado, y la puja por los fondos con la Ciudad, por otro. Estos temas se unen en el máximo tribunal, ya que el distrito porteño tiene un reclamo judicial que espera por una resolución de la Corte que debería haberse expedido el 11 de mayo pasado.
El reclamo de la Ciudad tiene origen en un diferendo que mantiene con Nación por el porcentaje de fondos transferidos al distrito cuando pasó la Policía Federal a la órbita porteña, que subió del 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Mauricio Macri, y luego fue reducido al 3,5% por aquel mismo Gobierno.
En tanto, el 9 de septiembre de 2020, a través del Decreto 735/2020, el presidente Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4%. A finales de 2020, el Congreso de la Nación sancionó una ley que ordenó una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicó que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.
Por eso, el Gobierno porteño presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema y, si bien los jueces buscaron que las partes llegaran una solución política, no hubo avances y ahora es el máximo tribunal el que debe resolver.
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