Los próximos días serán claves para el futuro del gobierno del presidente Mauricio Macri. Se pone a prueba la viabilidad jurídica, política y social, del rediseño económico que planteó el mandatario desde el origen de su mandato. Hoy, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, irá a la Cámara de Diputados, que la semana pasada mostró a la oposición unificada y logrando forzar la sesión en la que el oficialismo terminó aceptando la presencia del secretario de Estado, hoy, ante cuatro comisiones para intentar explicar las razones del tarifazo. Luego, el jueves, la Corte Suprema podría expedirse sobre las decisiones que tomaron las instancias inferiores de la Justicia, frenando los aumentos superlativos de los servicios públicos; y en los próximos días también se profundizará el debate en el mundo sindical que intentará una reunificación el próximo 22 de agosto.

La forma en que evolucionen estos procesos mostrará la viabilidad global del plan del gobierno. En el rediseño macro-económico planteado por Macri, el aumento de los servicios es el núcleo central para transferir ingresos de la mayoría de la población, al igual que de las pymes y los pequeños comerciantes, a los grandes exportadores granos y las mineras, entre otros sectores que recibieron una reducción de impuestos. Para intentar que las cuentas fiscales del Estado cierren, el gobierno necesita sacar de algún lugar lo que dejó de recaudar al dejar de cobrarle a estos sectores. Por eso es que la suba de tarifas es uno de los lugares donde se corporiza la redistribución regresiva del ingreso que impulsó Cambiemos, con la perimida visión de que eso producirá al final un “círculo virtuoso”, que al llenar más los bolsillos de los ricos se estimula la inversión, que al no gastar en impuestos, supuestamente, se podrán abrir nuevas fábricas. La historia Argentina ha demostrado demasiadas veces que “el derrame” nunca llega.

Los rumores sobre cómo se expedirá el Máximo Tribunal, como en otras ocasiones, permiten vaticinar cualquier resultado, incluso un fallo que intente hacer equilibrio entre las partes en pugna. Y las presiones sobre los jueces, desde los medios oficialistas y los operadores del gobierno, están a la orden del día. Al mismo tiempo, el mundo sindical ingresará en la recta final para tratar lograr una sola central, algo que por momentos parece muy difícil.

En medio de todo esto, el misterio es cuál puede ser la reacción de la sociedad. Más allá de la Corte y de los líderes gremiales, la población ya dio varias muestras de estar dispuesta a movilizarse contra el ajuste y exigirle al presidente algo muy simple, que cumpla con lo que prometió en la campaña electoral.