La marcha del presidente Mauricio Macri por el país tuvo consecuencias que la justicia sigue investigando. Sin embargo, las revelaciones no son las que el gobierno, convenientemente, anticipó: el supuesto plan orquestado para atacar la investidura no existió y lo único que se replica –y está probado– en cada visita del mandatario es una amalgama de corrupción, ineficacia y victimización. La otra constante es la represión a los manifestantes que aprovechan los actos oficiales para hacer oír sus reclamos.

Esta semana, la fiscal federal de Zapala, Karina Martínez Stagnaro, viajó a Buenos Aires para reunirse con sus colegas de la comisión creada por la procuradora Alejandra Gils Carbó, luego de las agresiones y amenazas denunciadas por el presidente y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Una fuente de la fiscalía de Zapala le confirmó a Tiempo que Stagnaro “quiso viajar sí o sí” por la gravedad de lo ya instruido.

El equipo formado por los fiscales Mónica Cuñarro, Alejandro Cantaro y Marcelo Molina tomó conocimiento de todos los elementos de la causa aportados por Stagnaro –entre ellos las pericias a la camioneta que trasladaba a Macri y las declaraciones testimoniales de todos los involucrados en su seguridad– y se espera que en las próximas horas pidan múltiples medidas de prueba respecto de los hechos ocurridos en Villa Traful.

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El 28 de diciembre, Macri viajó hasta la ciudad neuquina para inaugurar el Centro de Interpretación e información Turística. Antes de encabezar el acto, según el comunicado oficial de aquel día, “un grupo de diez personas le tiró piedras al vehículo donde viajaba el mandatario y provocó la rotura de dos vidrios del rodado”.
Por la agresión al jefe de Estado fueron demorados siete dirigentes del gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes en pocas horas fueron liberados. Al respecto Macri opinó que la decisión de la Justicia “claramente estaba mal” y exigió un “proceso que termine condenándolos” para que así “sufran las consecuencias de lo que hicieron”. Finalmente, aseguró que “por estas minorías organizadas y violentas” no perderá el “contacto con la gente”.

El fiscal general de Neuquén José Gerez, quien estaba a cargo de la causa antes de que pasase al fuero Federal por considerar que el hecho pudo afectar la Seguridad Nacional, se permitió disentir con el presidente. Para el representante del Ministerio Público, el encuentro de Macri con los manifestantes “fue casual” y consideró que “existió un fallo en el protocolo de prevención por parte del equipo de seguridad del presidente” porque “estaba la traza de la vía que tenía que cursar, pero la camioneta tomó el sentido contrario para comprar alfajores”.

“Nosotros no descartamos nada. Estamos investigando si la agresión fue producto de una falla culposa o si existió algún tipo de maniobra intencional”, confiaron desde la comisión especial.

Para determinarlo serán claves los resultados de las pericias sobre la traffic que trasladó a Macri. Hasta el momento la fiscalía de Zapala probó que hubo un impacto en la parte trasera con un elemento duro, que alcanzó a uno de los vidrios pero que no lo rompió: el cristal cayó después.
“Sería importante la declaración del presidente para aclararnos lo que sucedió, porque el episodio se desarrolla con los cuatro ocupantes – dos custodios, uno de ellos al volante, y una cuarta persona que sería parte del protocolo– arriba de la trafic”, remarcó Gerez.

El secretario gremial de ATE Neuquén, Jorge Marillán, tiene en claro que “se preparó la escena” y denunció que varios afiliados fueron agredidos por la seguridad de Macri. “Le reclamamos que parara con el ajuste. Una persona armada golpeó a un compañero y nos tiraron con balas de goma. A los minutos ya había un show montado.”

Actos negligentes

El 12 de agosto de 2016, en el barrio Belisario Roldán, de Mar del Plata, un piedrazo certero inauguró el rol adoptado por el gobierno ante cualquier acto de repudio: el de víctima.

Ese día, Macri y la gobernadora Vidal viajaron hasta la periferia pobre para anunciar la inversión de más de 60 millones de pesos en obras. Pero al lugar, además de simpatizantes del PRO, también llegaron vecinos y algunas organizaciones sociales que expresaban su rechazo al tarifazo y hasta un grupo de familiares de desaparecidos que fue a repudiar a Macri por haber dicho días atrás que no sabía si los desaparecidos eran 30 mil.
El incidente –la piedra golpeando el auto oficial– se presentó como parte de un plan mayor para “desestabilizar”, sin embargo, el informe que elaboraron Cuñarro, Cantaro y Molina concluyó que “no hubo indicio o prueba alguna, ni el más mínimo, sobre la existencia de un complot, conspiración, sedición, plan armado o siquiera mínima estrategia colectiva para atacar, amenazar, incitar a la violencia, intimidar o de cualquier otro modo poner en riesgo cualquiera de los bienes jurídicos tutelados respecto a la vida, salud o libertad ambulatoria o de determinación del presidente y mucho menos una desestabilización estatal. Lo mismo rige para la gobernadora María Eugenia Vidal”
Se descubrió, en cambio, que durante el operativo de seguridad (una sucesión de “actos negligentes y descoordinados”, según el informe de la comisión) no hubo más de 80 efectivos aún cuando se había comprometido –y pagado– la presencia de 281 y que eso “contribuyó al desorden y conflicto”. También se probó que el responsable del “ataque” a Macri fue un chico de 16 años, al que se le abrió un legajo tutelar que implica, entre otras cuestiones administrativas, la promesa de no volver a hacerlo. «

Represión en Viedma

El último escándalo vinculado a una visita del presidente ocurrió en Río Negro. El jueves, alrededor de las 9:30, en las inmediaciones de la Plaza San Martín, de Viedma, el secretario general de ATE y CTA de Río Negro, Rodolfo Aguiar, fue detenido cuando trató de saltar el vallado de seguridad impuesto para evitar que los manifestantes que repudiaban la visita del mandatario, se acercaran hasta la residencia del gobernador, donde Macri junto a cinco mandatarios del sur lanzaba el Plan Patagonia, para el desarrollo social, productivo y de infraestructura de la región.

Aguiar fue rápidamente reducido por efectivos de la Policía de Río Negro y posteriormente trasladado, esposado, a la comisaría donde permaneció algunas horas demorado.

El juez Carlos Mussi caratuló el hecho como resistencia y atentado agravado contra la autoridad y resolvió la libertad con restricciones ya que deberá presentarse una vez a la semana en la comisaría de su jurisdicción. La misma resolución recayó sobre Milton Edgardo Ciocca de Roca, el otro detenido.

Los trabajadores nucleados en ATE calificaron de “violenta” la acción de la policía de Río Negro. Según se pudo saber, Aguiar presenta diferentes golpes y tiene un fuerte dolor en la cabeza a la altura del oído. También tiene heridas en las muñecas y los brazos.