María Eugenia Vidal goza de todos los beneficios que el Aparato de Formación de Opinión Pública puede ofrecer: los encuestadores la miman, los comunicadores de mayor audiencia la halagan y los medios tradicionales la protegen. Quizás por eso la gobernadora se siente con derecho a hacer lo que viene haciendo desde que estalló el escándalo por las aportes truchos a la campaña electoral de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Se rehusó a dar explicaciones y disculpas a los miles de bonaerenses estafados por el partido que preside, se excusó en «lagunas» de la ley electoral, prometió una «auditoría» de la que no hay constancia alguna y –un clásico del oficialismo– acusó al «kirchnerismo» por ventilar el caso.

Pero eso no fue todo. En una extraordinaria exhibición de impunidad, en medio del escándalo le otorgó un ascenso –y más poder– a la funcionaria sobre la que recaen las sospechas de haber instrumentado el financiamiento irregular: María Fernanda Inza, la tesorera del PRO.

Desde esta semana, Inza es contadora general del gobierno de Vidal. Hasta el nombramiento –que la propia funcionaria celebró como un ascenso en sus redes sociales–, la contadora se desempeñó en la Secretaría Legal y Técnica de la provincia. En paralelo llevó –y aún lleva– los números del PRO bonaerense. En ese rol debió asentar los aportes destinados a la campaña parlamentaria de 2017. Según descubrió el periodista Juan Amorín, de El Destape, parte de esos fondos fueron inscriptos a nombre de titulares de los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen. También se verificaron falsos aportes adjudicados a particulares y dirigentes partidarios que desconocieron haber realizado esas contribuciones.

La investigación detectó casi un millar de esos «aportantes» a las campañas de Graciela Ocaña y de Esteban Bullrich. El origen del dinero blanqueado a través de falsos contribuyentes es un misterio sobre el cual los legisladores electos y la gobernadora se negaron a responder.

Las planillas con los aportes elevadas a la Justicia llevan la firma de los «responsables económicos» de la campaña: el radical –y exintendente de Laprida– Alfredo Irigoin y la joven empleada porteña Carla Silvia Chabán. Consultado por el sitio La Tecla, Irigoin admitió haber firmado los recibos de los falsos aportantes. «Pero yo no veo cuando entregan la plata», aclaró. En la entrevista, Irigoin sufrió de amnesia súbita. Dijo no recordar quién le pidió que se hiciera cargo de los números de la campaña y tampoco el nombre de quién le llevó los recibos para firmar en noviembre, cuando se ultimó el trámite judicial. Admitió, eso sí, que se trataba de «una contadora del PRO». ¿Se refería a Inza? Quizá Irigoin recupere la memoria en los tribunales, donde tramita un expediente por presunto lavado de dinero y violación a la ley electoral, entre otros delitos.

No es la primera vez que la contadora predilecta de Vidal queda envuelta en escándalos de dinero. La jueza electoral federal María Romilda Servini de Cubría tiene en trámite una causa con objeciones a los aportes de la campaña presidencial de 2015. Los «responsables económicos» que firmaron las planillas cuestionadas fueron dos jubiladas: Stella Maris Sandoval, de 68 años, y María Armanda Inza, de 84 años, y tía de la tesorera.

La elección de personas mayores no es casual: la desaprobación de las cuentas de campaña es sancionada con una pena de 6 meses a 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En ese aspecto, la biología sugiere que personas como la tía de Inza tienen poco y nada que perder.

La contadora llegó a la provincia luego de protagonizar otro escándalo de dinero en el Ejecutivo nacional: el presunto pago de sobresueldos a funcionarios del PRO. Según una denuncia elaborada por la Procuración de Investigaciones Administrativas, Inza y su entonces jefe, el secretario Legal y Técnico de la Nación, Pablo Clusellas, dispusieron el pago de Unidades Retributivas a una veintena de dirigentes PRO. ¿Acaso hay vínculos entre el pago de sobresueldos y los aportes truchos? En una entrevista con el sitio Diagonales, el empresario y exdirigente del PRO Osvaldo Marasco afirmó que en las elecciones de 2015 se usaron aportantes apócrifos para blanquear dinero entregado vía «ñoquis del gobierno porteño». ¿Los sobresueldos pudieron haber tenido un destino similar? La respuesta está en manos de Servini.

Pocas semanas después de la denuncia de la PIA, Inza se mudó al gobierno de Vidal, donde ostenta un raro privilegio: ser la única mujer en la primera línea de la gestión provincial.

El desinterés de la gobernadora por las reivindicaciones de género no sólo se expresa en la conformación de su gabinete sino también por Instagram. Esta semana Vidal se fotografió con el pañuelo celeste, símbolo del movimiento por «las dos vidas», que favorece la práctica de abortos inseguros e ilegales. Si bien había sugerido su disidencia con el proyecto que comenzó a tratar el Senado, nunca se había atrevido a tanto. ¿Qué la impulsó a salir de la moderación? Sus frecuentes contactos con el Papa Francisco –líder de la resistencia a la ley– y las encuestas que muestran paridad de opiniones en territorio bonaerense , donde gobierna, pero marcan que hay mayoría de rechazos en el interior, donde están los votos que podrían llevarla al sillón presidencial.

Desde que comenzó la «crisis de confianza» con el gobierno de Mauricio Macri comenzó a circular la versión de un Plan V: Vidal candidata a presidenta. Es temprano para desmentir o afirmar esas intenciones, pero el meneo de su nombre tuvo un efecto inmediato: reforzó sus acciones en la interna del PRO (ver aparte).

En tiempos de ajuste, estar en la mesa chica que reparte dinero público es un logro mayor. Cualquier aspiración de la gobernadora requerirá que se mantenga abierta la canilla de fondos y obras que el presidente le prometió cuando asumió su gestión. Un torniquete en ese flujo, en cambio, puede perjudicar las chances de la gobernadora. Pero también acelerar el fin de ciclo de un plan de negocios que se encuentra a medio hacer.

En esa hipótesis, todos pierden. Sobre todo las corporaciones que sponsorearon la experiencia Cambiemos y todavía consideran que tienen deudas por cobrar. Esa complicidad de origen explica, en parte, por qué el caso de los aportes truchos todavía no escaló a la categoría de escándalo nacional. «