Con la asunción de Mauricio Macri recuperó aire una idea que parecía extinguida: la Teoría de los dos Demonios, la doctrina que pretende poner en igualdad de responsabilidad histórica y jurídica a los crímenes de la guerrilla insurgente de los setenta con el terrorismo de Estado. Una tesis canalla que el propio Estado y buena parte de la sociedad argentina ya descartó, fundados en principios elementales consagrados por el derecho argentino y universal. De ahí, precisamente, que se considere a los crímenes de la dictadura como delitos de lesa humanidad.

Refutada en los tribunales y repudiada por organizaciones locales e internacionales de Derechos Humanos, los justificadores de la dictadura buscan reinstalar la “Teoría de los dos demonios” de un modo menos brutal a través de un eufemismo que se volvió consigna entre los neoprocesistas: la Memoria Completa.

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Esta nueva forma de apología admite los horrores del terrorismo de Estado, pero los explica como “daños colaterales” del “combate a la subversión”. Es decir: las torturas, el robo de bebés, la desaparición forzada de personas y otros delitos perpetrados por los genocidas fueron “excesos” en la “legítima defensa de la patria” frente a la “locura criminal” de la guerrilla.

Los entrecomillados no son casuales. Forman parte de los panfletos y las proclamas que desde hace años se dedican a difundir esta versión aggiornada de la Teoría de los dos demonios, que ahora se exhibe bajo la forma de una falsa confesión. O sea: se admite la “culpa” de los crímenes, pero se la matiza como mal menor de una necesaria campaña civilizadora frente a la barbarie.

Claro que, para que esta campaña sea eficaz, debe reponerse en la sociedad la certeza de que las organizaciones políticas armadas fueron, en verdad, bandas de forajidos y/o psicópatas fascinados con la muerte. Hasta hace poco, esa tarea era perpetrada por plumas filo procesistas que habitaban en los márgenes del mercado literario y mediático. Pero el aporte de escribas y editores más refinados que los dinosaurios habitués de la librería Huemul convirtió el brulote en best seller, con presencia incluida en programas del prime time televisivo.

Ceferino Reato, que le puso micrófono y prosa a la última provocación del dictador Jorge Rafael Videla, está entre los autores más destacados de la nueva ola justificadora. Su libro Viva la Sangre – donde se busca banalizar las motivaciones de las organizaciones armadas- inspiró tiempo atrás al exministro de cultura porteño, Darío Lopérfido, que aprovechó la ola para poner en duda la magnitud del genocidio. “En Argentina no hubo 30 mil desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada para distribuir subsidios”, cuestionó el exfuncionario de la Alianza reciclado por el PRO. Como es usual, Lopérfido intentó luego desdecirse acusando que había sido sacado de contexto –lo que, por supuesto, era falso-, pero el daño ya estaba hecho: la polémica se viralizó con la velocidad de las infamias.

Cuestionar la cifra de desaparecidos es un clásico del negacionismo local, del mismo modo que los negacionistas del Holocausto suelen poner en duda las cifras del genocidio nazi. En ambos casos, se persigue el mismo objetivo: sembrar dudas sobre el número para cosechar sospechas sobre las supuestas motivaciones económicas de víctimas y deudos, a quienes se termina acusando de “hacer negocios” con sus muertos. Así de miserable es la campaña a la que se sumó Lopérfido, hoy representante del Estado argentino ante la comunidad cultural europea, y yerno de Bartolomé Mitre, uno de los dueños de La Nación e imputado en la causa por la apropiación de Papel Prensa, maniobra que es un emblema de la complicidad cívico-militar.

Precisamente en las páginas de La Nación suele plantar sus consignas el abogado Carlos Manfroni, a quien la ubicua Patricia Bullrich pretendió nombrar subsecretario de Asuntos Legislativos del Ministerio de Seguridad. Con un largo historial de expresiones afines al ideario procesista, una de las contribuciones recientes de Manfroni a la “memoria completa” es el libro Los otros muertos: Las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70. Bajo el manto humanitario de recordar y homenajear a las víctimas de la guerrilla, el libro se propone, literalmente, demostrar “que las organizaciones armadas atacaron a la población civil y que muchos de quienes participaron de aquellos atentados no sólo cuentan con impunidad absoluta, sino que además aparecen ante la política actual como moralmente irreprochables y hasta se consideran jueces del resto de la sociedad”. Revanchismo puro y duro, propio de sectores que confunden terrorismo de Estado con “guerra sucia” y justicia con venganza.

Sin mayor esfuerzo por disimular sus intenciones, el libro se propone “completar la memoria” del pasado reciente, justo como pregonan los exégetas de los dos demonios. La coautora del texto es Victoria Villarruel, presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), una ONG que explota la tesis canalla. Ya desde su nombre, la pyme de Villarruel se presenta como antinomia del Cels, uno de los organismos de derechos humanos que más trabajaron por el fin de la impunidad, propiciando la anulación de las denominadas “leyes del perdón” que permitieron reabrir los juicios.

Villarruel formó parte de la comitiva que el 14 de enero de 2016 visitó al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. El detalle: el encuentro se realizó en el predio de la ex ESMA, un emblema de los centros de tortura que operaron en los años de horror. ¿Qué sentirían deudos y víctimas del holocausto si el gobierno alemán invitara a un grupo de negacionistas a pasear por Auschwitz? Así de ordinaria y brutal fue la provocación de la que participó el secretario Avruj.

Villarruel es una invitada frecuente en el programa Intratables, una de los espacios de debate político más atractivos de la televisión argentina. En ese amasijo de gritos, ignorancia funcional y golpes bajos, Villarruel inoculó la teoría de los dos demonios en base a testimonios de víctimas de la guerrilla. La actitud cómplice y/o ubicua del elenco estable del programa -panelista y conductor del ciclo incluido- favoreció la campaña de Villarruel y su ONG, que impulsa el cobro de un resarcimiento económico para las víctimas de la guerrilla. Al final del camino, parece, la “memoria completa” que impulsa Villarruel se reduce a una cuestión de plata.

Pero no es para todos igual. Hay dueños del poder y del dinero que impulsan la “memoria completa” como un modo de frenar las pesquisas sobre la complicidad civil impulsando la liberación de los genocidas que purgan condenas en prisión.

Apremiado por sus propios demonios, La Nación no aguardó ni 12 horas de mandato para exigirle a Mauricio Macri que libere a los represores condenados y cesen las investigaciones en marcha. Alertado por el amplio y enérgico repudio que provocó el artículo editorial – incluido el de los propios trabajadores del diario-, Macri se vio en la obligación de abordar el asunto en su primera conferencia de prensa como presidente electo. “Los juicios van a seguir” dijo, escueto, el mandatario. Con más esperanza que certeza, los organismos de Derechos Humanos tomaron esa declaración como una expresión de compromiso del nuevo gobierno con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Pero la ilusión duró poco. A poco de andar, el macrismo despidió empleados y vació organismos clave para la causa, como el Archivo de la Memoria. Y convalidó la decisión judicial de enviar a sus casas -con “prisión domiciliaria”- a una decena de genocidas condenados.

El propio Macri dejó en claro en las primeras semanas de su mandato que su gobierno no tiene entre sus prioridades potenciar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Lo hizo con un gesto contundente: rechazó recibir a los organismos por “falta de tiempo”. Una excusa pueril. Lo que le falta, en realidad, es voluntad de estimular una búsqueda que puede comprometer a sus aliados políticos, antiguos socios comerciales y hasta a miembros del gobierno que pasaron o mantuvieron lazos con la dictadura cívico-militar. Desde esa perspectiva, lo de Macri fue un acto en defensa propia.