El fiscal Carlos Stornelli impulsó una investigación penal contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz; su vice, Elena Highton de Nolasco; el ex presidente Mauricio Macri y su ex ministro de Justicia, Germán Garavano, por una presunta maniobra para permitir que la única jueza mujer del máximo tribunal permanezca en el cargo después de haber cumplido 75 años de edad.

Stornelli hizo lugar a la denuncia de la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, encabezada por los abogados Federico Méndez y Pablo Llopart, sobre “el presunto desarrollo de maniobras ilícitas supuestamente organizadas, con el propósito de prorrogar la designación de Highton de Nolasco como Magistrada de la Corte Suprema”.

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Tiempo publicó el domingo esa denuncia, que recayó en el juzgado federal a cargo del magistrado Ariel Lijo.
El fiscal propuso investigar si los cuatro denunciados, “valiéndose de recursos e información privilegiada”, articularon una maniobra en una secuencia temporal de manera tal que Highton fuera la última jueza a la que se le permitiera seguir en el cargo pese a exceder el tope etario fijado por la Constitución Nacional.

Stornelli identificó a los cuatro como “imputados”, aunque aclaró que “las pertinentes imputaciones penales surgirán, de así? ? corresponder, del devenir de la instrucción”.

Highton presentó un pedido para seguir siendo jueza después de los 75 años cuando apenas había cumplido los 74.

Según la denuncia, sabía que se estaba definiendo el denominado “Fallo Schiffrin”, en el que la Corte dispuso taxativamente que después de los 75 años de edad nadie pudiera seguir siendo juez a menos que accediera a la reválida prevista por la Constitución Nacional.

“Cuatro meses antes de dictarse el Fallo Schiffrin, Highton no había iniciado acción legal alguna tendiente a procurar su permanencia en el más alto tribunal”. Sin embargo el fallo ya estaba circulando y tenía los tres votos necesarios para formar mayoría.

La Corte le iba a decir a Highton –y a muchos otros jueces- que debían retirarse. Entonces, según la ONG, comenzó una carrera contra el tiempo. Highton y Rosenkrantz durmieron el expediente hasta tanto un juez del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó el amparo.

El gobierno de Macri, a través del ministro Garavano, resolvió no apelar la medida. Nunca antes había decidido algo así. Después de que el fallo permitió que Highton siguiera siendo jueza, Rosenkrantz liberó la sanción del Fallo Schiffrin.

Si el gobierno hubiera apelado el fallo que benefició a Highton, la jueza no habría podido seguir en el cargo. Y, si lo hubiera hecho, no habría podido intervenir en ninguna causa en la que el Estado fuera parte, porque hubiera tenido un “juicio pendiente” contra él.

Stornelli le propuso al juez Lijo una serie de medidas de prueba, entre ellas los antecedentes de un pedido de juicio político contra Highton presentado por la ex diputada nacional y hoy titular del INADI Victoria Donda, y un informe del Ministerio de Justicia sobre “la totalidad de los expedientes en los que haya intervenido o hubiera sido notificado, en el marco de amparos u otras acciones interpuestas por Jueces respecto de la temática (de continuidad más allá del límite de edad), con indicación del temperamento adoptado en cada caso”.

Además, reclamó tomar conocimiento del expediente por el cual Highton obtuvo el aval para seguir siendo jueza y de todos los antecedentes del Fallo Schiffrin de la Corte, para corroborar el contenido de la denuncia de la Asociación Civil.