Pese a que quedó firme la rebeldía porque el máximo tribunal penal del país no atendió su apelación, el fiscal Carlos Stornelli no irá a declarar a Dolores como imputado de ser parte de una asociación ilícita cuya figura saliente es el falso abogado Marcelo D’Alessio.
La ratificación provisoria del juez Alejo Ramos Padilla al frente de la investigación (la Cámara de Casación consideró «mal concedida» una apelación contra su competencia) pareció, para la situación de Stornelli, una mala noticia. Sin embargo, no fue mal recibida por la defensa del fiscal. Una de cal y una de arena: en la misma resolución fue apartado de las revisiones futuras del expediente el camarista Alejandro Slokar, cuya postura sobre lo que ocurrió con D’Alessio y compañía quedó reflejada en una resolución reciente: describió los hechos como «actividades y operaciones de investigación criminal, inteligencia y espionaje ilegales, maniobras coactivas, intimidaciones y extorsiones para obtener réditos económicos y otra clase de prestaciones o beneficios indebidos», de las que participaron «particulares y funcionarios públicos» cuyo accionar «compromete la vigencia del Estado de Derecho y socava el futuro de las instituciones democráticas», Lapidario.
Ese juez ya no podrá intervenir en la causa. Fue apartado por una recusación que presentó la diputada oficialista Elisa Carrió, quien había pedido su juicio político en agosto de 2016. El mismo día en que fue marginado del expediente, la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura desestimó aquel viejo planteo.
Ramos Padilla sigue al frente de la causa al menos por ahora. Pero esa situación podría cambiar en cualquier momento. De hecho, la jueza Ángela Ledesma advirtió que persiste una «indeterminación del objeto procesal» y su colega Guillermo Yacobucci deslizó que no está claro si al principio de la causa, cuando el productor agropecuario Pedro Etchebest denunció que era víctima de un intento de extorsión, la fiscalía federal de Dolores promovió o no la investigación. Si en algún momento se resolviera que –tal como sostienen varios de los imputados– no hubo «impulso fiscal», todo el expediente se derrumbaría como un castillo de naipes. Es uno de los riesgos que afronta la causa.
¿Por qué Stornelli decidió persistir en su rebeldía? La frase «no debo ir» a la indagatoria, que pronunció en el programa de TV de Luis Majul encierra mucho más que un capricho. El fiscal está convencido de que D’Alessio –quien hace más de cuatro meses que está preso– se confabuló con otros actores, entre ellos el propio Etchebest, para tenderle una trampa y causar la caída de la causa de las fotocopias de los cuadernos. Y que ello quedará pronto demostrado cuando el juez Claudio Bonadio avance con la obtención de pruebas en la denominada «Causa Puf». Se trata, justamente, de otra denuncia de Carrió, que apunta al exembajador argentino ante el Vaticano, Eduardo Valdés, varios exfuncionarios presos en Ezeiza, un grupo de abogados y el propio juez Ramos Padilla. En esa causa, incluso, podría declarar a su pedido el propio D’Alessio.
En esa lectura, es irrelevante que Ramos Padilla siga al frente de la investigación porque pronto todo se derrumbará y el juez de Dolores tal vez ni siquiera siga siendo juez.
Stornelli está convencido de que en caso de presentarse en Dolores saldrá procesado, embargado y, sobre todo, severamente cuestionado en su accionar en la causa cuadernos. En sus cercanías aseguran que tiene respuestas para todo lo que pueda preguntarle Ramos Padilla, pero con eso no alcanza, porque sus explicaciones no serán escuchadas aunque demuestre que tiene razón. Entonces puede sustraerse de la acción de la Justicia, porque todos somos iguales ante la ley pero hay algunos que son más iguales que otros.
Stornelli está seguro de que la denuncia de Etchebest es falsa. Y sospecha que el juez de Dolores se prestó para una maniobra ilegal. Si fuera así, no sería un juez sino un delincuente.
¿Cómo es posible que Stornelli, un actor relevante del Poder Judicial, con 30 años de carrera sobre sus espaldas, dude de la honestidad de un magistrado como Ramos Padilla? Los jueces y los fiscales –se supone– son impolutos y, por eso, son la garantía del sistema institucional. ¿Stornelli cree que Ramos Padilla es un juez venal? Y si fuera así, ¿sólo sospecha de su venalidad o conoce a otros que también lo son?
El fiscal porteño brindó ante la Procuración General de la Nación todas las explicaciones que retaceó a Dolores: describió que abrió su despacho «en tres o cuatro oportunidades» a D’Alessio, y que siempre dudó de él, aunque se lo había presentado el periodista Daniel Santoro, por quien pone las manos en el fuego. Que nunca tuvo una relación estrecha, que no le encargó operaciones ilegales y menos contra el abogado José Manuel Ubeira, a quien sigue considerando su amigo pese a que ahora están distanciados. Que el fiscal de Mercedes, Juan Bidone, mintió en su indagatoria cuando refirió que él y D’Alessio se conocían desde 2016. Que en varias ocasiones Bidone le «mangueó» entradas para La Bombonera. Que D’Alessio era un «encantador de serpientes» que se ganó su confianza pero también la de otros funcionarios de Comodoro Py que no se vieron afectados en igual dimensión porque no tenían causas tan relevantes como la de los cuadernos. Hasta explicó al procurador interino Eduardo Casal y a la Comisión Investigadora del Ministerio Público, la situación con el exmarido de su actual mujer, el peruano Christian Castanon, piloto de aviación. Describió una delicada situación intrafamiliar, admitió haber pedido un dato sobre pasajes y denunció que D’Alessio se aprovechó de esa situación para hacer aparecer como real una situación que no lo era. Stornelli tampoco cree en la veracidad de las fotos que fueron halladas en el teléfono de D’Alessio.
¿Cómo justifica un fiscal, justamente, su situación de rebeldía? Mediante la interpretación de la ley de fueros. También a la Procuración le explicó que si estuviera acusado de un delito común no podría utilizar su inmunidad de arresto para esquivar una indagatoria. Pero que los fueros están justamente para proteger la labor de un funcionario perseguido por su actividad. En esa lectura, considera que la Procuración no sólo no debe sancionarlo sino que debe defenderlo frente a la maniobra de la que dice ser víctima. «
