La obra pública en Argentina siempre fue un pilar en las políticas de los distintos gobiernos, principalmente por su rol de generadora de empleo y su potencial para crear una imagen de progreso y desarrollo en todos los niveles de la gestión pública. Pero las cosas nunca son tan simples y transparentes como aparentan. El negocio de la construcción es, quizá, uno de los más atravesados por la corrupción, y más manipulados por parte del Estado a través de las licitaciones de la obra pública.
Por potencial económico y visibilidad política, en la ciudad de Buenos Aires se acumula tal vez la mayor cantidad de obras en relación a la población y dimensión territorial de la Capital. Desde 2017 se lanzó la plataforma Buenos Aires Compras, con el objetivo de volver más transparente el sistema de licitaciones. Desde la gestión de Horacio Rodríguez Larreta afirman que este nuevo sistema reduce el riesgo de corrupción y fomenta la claridad de los concursos.
Pero según Javier Andrade, legislador porteño de Unidad Ciudadana, “hay varias empresas contratistas del Estado que no pueden garantizar una demostración real del gasto en sus cuentas y el Gobierno de la Ciudad, mediante la figura de compra directa, realiza compras y licitaciones por una vía paralela a la legislativa”.
Según información obtenida por este medio, la mayoría de las empresas tercerizadas que ganan las licitaciones poseen inconsistencias impositivas millonarias, morosidad con distintos bancos y hasta vinculaciones con algunos funcionarios del oficialismo, lo que trae como consecuencia un enflaquecimiento de las arcas del Estado y, en algunos casos, fallas en los controles de seguridad en el desarrollo de las obras.
En abril de 2011, la empresa COSUGAS S.R.L, cuyo Gerente General es Sebastian Arellano Sasiain, realizó distintas obras como tercerizada de AySA. Según se pudo constatar en la web del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la empresa mantiene deudas millonarias. Algunas de ellas son con los bancos Supervielle, que ronda el medio millón de pesos; con el HSBC, que supera el millón y medio; y la más importante de más de 3,5 millones de pesos, con el Banco Francés, entre otras entidades crediticias. De esta manera, acumula un saldo negativo cercano a los 7 millones de pesos. Por otro lado, pese a la inconsistencia contable, el Gobierno porteño le adjudicó 735 obras como tercerizada de AySA y MetroGas, alrededor de toda la Ciudad. “Es necesario que se hagan auditorías a estas empresas. Pero desde la Legislatura, el PRO se niega sistemáticamente a responder los pedidos de informes que pueden llegar a molestar a sus amigos empresarios”, explica Myriam Bregman, legisladora porteña por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).
Otro caso resonante es el de Inarteco SA, dirigida por Roberto Ariel Bunge, y cuyo jefe de obra es Francesco Améndola. Fue beneficiada con más de 200 obras en toda la Ciudad como contratada de MetroGas. Cabe destacar que, al igual que COSUGAS SRL, la firma presenta una inconsistencia financiera con varios bancos, entre los que se encuentran el Galicia, con quien mantiene una deuda de 858 mil pesos; el Banco Nación, al que le adeuda 786 mil pesos; y, el propio Banco Ciudad, con 645 mil pesos.
Es importante mencionar que Inarteco SA se vio envuelta en una polémica cuando, en agosto de 2016, murió un operario de 51 años -con más de dos décadas de experiencia en el rubro- y otros dos resultaron heridos de gravedad. La razón: un inmenso escape de gas que se produjo durante una obra en el barrio de Barracas. Los trabajadores no contaban con los elementos de seguridad necesarios para llevar adelante una tarea de este tipo. Como se constató, algunos de los objetos faltantes fueron las máscaras de seguridad, fundamentales en la prevención y cuidado de la salud a la hora de trabajar en obras que involucren gas. Es importante mencionar que en 2008 la empresa Inarteco SA ya había sido multada por la Dirección General de Faltas Especiales del gobierno porteño con una suma de 536 mil pesos, que representan 6 millones de pesos al día de hoy, por una obra abierta en tareas de mantenimiento para la empresa MetroGas cuyo permiso estaba vencido y sin las medidas de seguridad exigidas por la legislación.
Pese a las intenciones del Gobierno de la Ciudad de generar una imagen de transparencia mediante la implementación de plataformas web y embellecimiento de las comunicaciones, el entramado de corrupción y desidia en la obra pública continúa más vigente que nunca. “Hemos presentado varios proyectos para regular y asegurarle a los ciudadanos un acceso público, permanente y actualizado de toda la información presupuestaria”, explicó Andrade, y agregó: “Larreta tiene 34 martilleros públicos que transforman la ciudad en una escribanía PRO, votando a favor cada uno de estos proyectos”. Cuando se quiso hablar con los diputados y las diputadas que conforman la coalición Vamos Juntos acerca de este tema, las respuestas siempre fueron evasivas.
Otros casos a destacar son los de las empresas Ezentis SA y PC Publicidad SA. Esta última está presidida por Julián Álvarez Echagüe, cuñado del ministro de Transporte Guillermo Dietrich, que posee actualmente 14 obras designadas en CABA.
Ezentis SA figura con más de 33 obras en la ciudad, principalmente para las empresas Telefónica SA y EDENOR SA. Esta empresa forma parte de un grupo accionario compuesto por Mejoramiento Hospitalario SA y por Indaltec, que se dedican al mantenimiento de escuelas y hospitales, entre las que se reparten las diferentes licitaciones. Ezentis es de las más beneficiadas, habiendo ganado desde 2016 más de 800 millones de pesos, a pesar de que, por ejemplo, una de las escuelas que debía mantener, ubicada en el barrio de Belgrano, sufrió el derrumbe de uno de sus techos. Lo más destacado de esta firma no solo son sus adjudicaciones, sino también el enorme déficit financiero que mantiene con varios bancos, como, por ejemplo: Banco Industrial, 678 mil pesos; Banco Galicia, 169 mil; y American Express, 166 mil. Cabe mencionar que algunas de estas deudas se encuentran con alto riesgo de insolvencia, lo que significa que esta empresa no sería capaz de realizar los pagos, pero aun así continúa ganando licitaciones para la obra pública de la Ciudad de Buenos Aires. «
