Los y las trabajadoras del Poder Judicial también se suman a la movilización del 1F hacia el Palacio de Tribunales para reclamarle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el “fin del lawfare” y una reforma que contemple sus derechos laborales. El Sindicato de Trabajadores de la Justicia confirmó su participación en la marcha del próximo martes para pedir “una justicia para el pueblo”. 

Cada vez son más las organizaciones gremiales que adhieren y convocan a la protesta del martes 1 de febrero, cuando se reinicia la actividad judicial tras la feria. Además, confirmaron organizaciones sociales, de Derechos Humanos y políticas. Desde el interior del Poder Judicial, los empleados y empleadas piden que el máximo tribunal respete las leyes que exige cumplir. La secretaria general de SITRAJU de la República Argentina, Marieta Urueña Russo, indicó que “es un poder que está por fuera de la ley muchas veces”.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

En diálogo con Tiempo, la dirigente afirmó: “Es necesario transformar el Poder Judicial al servicio del pueblo.  Cuando decimos eso no lo decimos solamente hacia afuera, hacia la sociedad, sino también hacia adentro, a quiénes integramos el Poder Judicial. Venimos con una exigencia fuerte hacia la Corte principalmente, como una de las cabezas, que es la que principalmente se niega a transformar y a adaptarse a los tiempos que corren”. 

“Nosotros no tenemos convenio colectivo de trabajo a nivel federal. En el único lugar donde existe es la Ciudad de Buenos Aires, pero eso no existe en la justicia nacional. Eso tiene muchas implicancias: desde no tener un espacio dónde discutir el salario hasta otras cuestiones de la carrera judicial. Tenemos una normativa que es de la década del 50, absolutamente obsoleta. No tenemos licencia por violencia de género y un montón de situaciones que muestran lo alejados que están de la realidad y que se traduce en el trato hacia nosotros como trabajadores, como así también en las sentencias que se dictan. Al ser la máxima autoridad, si no le da importancia a estos temas, menos lo van a hacer los jueces hacia adentro”, dijo Urueña Russo.

“Se mantiene en la postura de ‘la ley rige para todos, menos para mí que soy la Corte’. Es una simbología de lo que es la Corte, falla diciendo que se aplica el convenio colectivo de trabajo y se niega a sí misma a tener uno para sus trabajadores”, agregó. Por el momento, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, el otro gremio liderado por Julio Piumato no dio a conocer su postura ante la movilización. 

En distintas provincias se están organizando movilizaciones hacia los tribunales locales para sumar los reclamos particulares de cada jurisdicción al pedido general de una Corte Suprema de la Nación que termine con el lawfare. Están confirmadas las movilizaciones en Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Jujuy, Mendoza y Tucumán, entre otras jurisdicciones. 

Por otra parte, también la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas confirmó su participación. “Es un tribunal que está al servicio del poder económico y no de las mayorías populares. Que rompe la inmediatez y el acceso a la tutela judicial efectiva. Neutraliza, fallo tras fallo, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que fueron reconocidos por centenares de jueces idóneos en materia laboral y con tan solo tres de sus miembros, sin específica versación de la disciplina, destruyen la doctrina jurisprudencial de jueces especializados”, indicó el presidente de la organización Matías Cremonte. “Es una Corte que demora años en resolver las causas laborales y días en las que son relevantes para el poder económico”, agregó.