El rechazo de Juntos por el Cambio contra el proyecto de reforma judicial tiene un proceso de maduración interna que revela la ausencia de acuerdos previos entre los principales socios de la alianza opositora y, especialmente, con sus gobernadores. La primera piedra para cerrar posiciones la tiraron el expresidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, hace tres semanas. Sostuvieron que a pesar de las diferencias internas, era estratégico impedir el avance del proyecto del oficialismo. La apuesta buscó anticiparse a un debte dentro del PRO, especialmente con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Este viernes se sumó su colega correntino, el radical Gustavo Valdés, que se mostró a favor de debatir la reforma en el Congreso. 

El proyecto que diseñó el Gobierno encierra varias reformas a la vez o, al menos, contiene una serie de posibles negociaciones con representantes del poder judicial y gobernadores. La fusión de algunos fueros y la multiplicación de juzgados de la capital buscan, en términos políticos, diluir el poder concentrado en Comodoro Py. A esa arquitectura jurídica, el texto agregó la transferencia a la Ciudad de las competencias penales para investigar y perseguir delitos no federales, con los fondos necesarios. Ese punto aporta una pieza muy sensible del reacomodamiento judicial que tiene el proyecto. Va por separado de la creación de juzgados en el interior. Implica la resolución, por parte de la Nación, de uno de los dos temas que quedaron pendientes desde que la Capital Federal fue una ciudad autónoma.

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Hasta la llegada de Mauricio Macri al poder, la lista tenía tres puntos sensibles: transferencia de las 53 comisarías porteñas de la Policía Federal, de la Justicia y del puerto. El líder del PRO apenas asumió la presidencia cumplió con el capítulo policial y la inclusión de la transferencia judicial sólo dejaría el manejo del puerto como la última gran asignatura pendiente.

Por su importancia, la posibilidad de atragantó en los planes opositores para consensuar una posición común contra la reforma. A diferencia de Macri, Bullrich y el jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara baja, Mario Negri, el alcalde porteño tiene más coincidencias con el Gobierno en materia judicial que las conocidas. Dentro del PRO es la voz de mayor peso que acuerda con aportar los dos tercios necesarios en el Senado para designar al juez federal Daniel Rafecas como Procurador.

El traspaso de las competencias penales que todavía no fueron transferidas alimentaron las coincidencias con el albertismo, en base a un texto que fue diseñado por varios conocedores de la autonomía porteña, como el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. También lo tuvo la ministra de Justicia, Marcela Losardo, pero su silencio en la defensa del proyecto cosechó malestar en el oficialismo y fue un contraste frente al rol que juega la santafesina María de los Ángeles Sacnun, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales.

Apenas el escrito ingresó al Senado comenzaron los movimientos en Cambiemos para acordar un rechazo unánime. Los últimos en expedirse fueron los emisarios del larretismo. El propio alcalde tuvo que resignar sus intereses en una reunión virtual de la Mesa Nacional del PRO. “Que la transferencia de la justicia a la Ciudad no sea un condicionante para nuestra postura”, dijo Larreta y abrió el camino para un pronunciamiento común, que luego fue sostenido con un breve estudio realizado por las fundaciones Pensar, Alem y Hannah Arendt.

Sin embargo, una muestra de las tensiones quedó plasmada en el documento consensuado por los espacios programáticos del PRO, la UCR y la Coalición Cívica.  En los párrafos dedicados al tema porteño sostuvieron que “es un aspecto positivo del proyecto”, pero “resulta incompleto” porque no incluye otros delitos. Dice que “se debe destacar la importancia de una transferencia ordenada y con los recursos presupuestarios necesarios”. Pero el texto se hizo conocido porque estimó el funcionamiento anual de la reforma en 1700 millones de pesos.

Este viernes, el gobernador correntino, Valdés, se despegó de ese tono monocorde. “Me parece que hay que debatir. Ahí vamos a arribar a conclusiones. Si uno considera que el sistema judicial está bien, tendrá que continuar en el mismo lugar, y sino, hay que cambiarlo y ver que los cambios sean consensuados”, dijo. 

Su colega mendocino, el radical Rodolfo Suárez, envió esta semana una reforma de la constitución local a la Legislatura. Hasta ahora ha dejado la ofensiva contra el proyecto del Gobierno en manos de su antecesor, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo.

“La transferencia va en el sentido de lo que reclamos desde la Ciudad, pero me parece que no hay margen político para pelearse con toda la fuerza que te acompaña  para resolver un tema clave de la autonomía”, resumió a Tiempo uno de los testigos de la reunión remota en la que Larreta cedió las chances de abrir una negociación.

En el partido amarillo, a diferencia de los radicales y los lilitos, creen que una forma para salir del laberinto tiene que ver con los tiempos. “Si esto se hace el año que viene la negociación sería otra. Sabemos que la sociedad tiene una opinión negativa del Poder Judicial, también que nadie avala tanta premura con un tema que no está vinculado directamente a la pandemia”, aseguró un diputado macrista para meter el dedo en la mayor falla que le encuentran a la reforma: la velocidad elegida.

La demostración de fortaleza del oficialismo puede concluir dentro de una semana con una previsible aprobación en el Senado. La mayoría que tiene el Frente de Todos en ese recinto sería la base de un proceso que recién arranca. En Diputados el camino es más escabroso. Anticipa que los tiempos de tratamiento podrían llegar hasta el año que viene porque los aliados esquivos del oficialismo, como el lavagnismo, ya anticiparon que no acuerdan con tratar en forma rápida el texto. A diferencia de Cambiemos, no le pidieron al presidente que retire el texto. Sólo adviertieron la ausencia de “un amplio acuerdo”.

En el oficialismo consideran que la negociación se abrirá en Diputados, aunque el titular de la Cámara, Sergio Massa, dijo que no tiene apuro. El tema judicial porteño sigue intacto en el dictamen de mayoría, como una ventana de negociación que posiblemente se activará cuando la aceleración inicial del Senado se haya definido y comience un proceso que podría llevar mucho tiempo.

Si hay nuevos acuerdos en Diputados, el texto volverá a la Cámara de origen. Es posiblemente el derrotero más lógico para una reforma judicial de la magnitud que eligió darle el Gobierno y que, por debajo de la pirotecnia verbal, suma apoyos silenciosos dentro de la oposición que no pudieron ser eludidos