La Comisión de Legislación General, que preside la oficialista Cecilia Moreau, dio inicio este miércoles al debate del tratamiento del proyecto de ley que busca crear un fondo para pagarle al FMI con dólares fugados. El mismo fue impulsado por el senador neuquino Oscar Parilli (FdT). El proyecto también deberá pasar por la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller (FdT).

La reunión contó con voces de distintos especialistas, que en el Anexo «C» de la Cámara Baja marcaron sus posturas a favor y en contra. Expusieron Eduardo Barcesat, Noemí Brenta, Pablo Manzanelli, Horacio Rovelli, Mercedes Dalessandro, Andrés Edelstein y Guido Lorenzo.

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El tratamiento comenzó con la exposición del constitucionalista Eduardo Barcesat, quien se refrió al preámbulo de la Constitución Nacional, que expresa «promover el bienestar general» porque «una Nación que ostenta, como la Argentina, una deuda externa de una magnitud equivalente al PBI evidentemente no está en condiciones materiales satisfactorias para promover el bienestar general de la Nación». 

Por otro lado, hizo alusión al artículo 75 de la norma superior que refiere a las actividades del Congreso y recordó el inciso 4 que «faculta al Poder Legislativo a contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y más específico su inciso 7 establece el proceder a arreglar el pago de la deuda interior y exterior». Asimismo, señaló que dicha invocación sirve para «desmantelar algunas propuestas semánticas que expresaron en el Senado, que buscaron bautizar esta norma como de ‘blanqueo’ o que es una norma penal o tributaria. Creo que la norma no tiene otro nombre de la de su finalidad, que es proceder el arreglo de la deuda externa aportando un criterio particular para ese arreglo y por ello la necesidad de una nueva ley». 

A su turno, el economista Guido Lorenzo hizo un repaso de algunos puntos en cuanto al diseño del proyecto y criticó «la mala práctica e inequidad del proyecto». «Hay un montón de contribuyentes que están en regla y este proyecto plantea una alícuota diferencial muy baja que perdonaría para un montón de dinero que se pretende recaudar para el pago de la deuda. Eso es generar desincentivos y por lo general no es aconsejado y más aún hacerlo de manera sistemática». 

«Tampoco hay un incentivo de intercambio de información de países que ya existe, por lo cual no hay más allá de una generosidad del blanqueo. Otro punto es la contrariedad del acuerdo con el Fondo Monetario porque en el último plan este Congreso dijo que no se iba a hacer otra amnistía fiscal, por lo cual de la manera en que le quieren pagar al FMI es contrario a lo que se votó», agregó.

En tanto, la economista e investigadora del CONICET Noemi Brenta respaldó la iniciativa, aunque indicó que aún «tiene cuestiones para tocar desde el punto de vista técnico» para que sea «factible, inobjetable y aplicable y que cumpla la función para saldar la deuda con el FMI que es enorme y que nos va a condicionar muchos años porque estamos con el Fondo hasta 2036 por lo menos si es que los desembolsos y los pagos se dan todos bien».

El cierre estuvo a cargo de Mercedes Dalessandro, que ponderó la iniciativa al sostener que «tenemos un gran problema que es una deuda más grande con el Fondo Monetario Internacional, ese crédito que se otorgó al país no fue materializado en escuelas, ni en hospitales, ni en la mejora de la calidad de vida del pueblo y eso es lo que se ha empezado a tratar de resolver».

«Este problema no está resuelto, lo que hicimos fue comprar cuotas de tiempo para ver cómo reconstruimos una economía pujante, una calidad de producción; es decir, estamos tratando de resolver en el presente un problema que viene del pasado y que nos lleva al futuro generando limitaciones en términos de lo que podemos o no hacer», explayó.

El proyecto que propone crear un fondo para pagar la deuda contraída con el FMI con dólares provenientes de bienes no declarados en el exterior, continuará la próxima semana. Como ya contó Tiempo, los interbloques minoritarios definirán si será o no ley, ante los números desfavorables para el Frente de Todos (FdT). En el Senado, la iniciativa impulsada por Oscar Parrilli recibió 37 votos afirmativos y 31 negativos.