Tras la reforma jubilatoria del BAPRO, ahora la gobernadora María Eugenia Vidal irá por la adhesión al pacto fiscal nacional por el que la provincia recibirá una compensación de 40 mil millones de pesos en 2018 por el Fondo del Conurbano.
El proyecto de ley ingresó el miércoles a ambas cámaras de la Legislatura bonaerense y será el tema principal a tratar en la sesión extraordinaria convocada para el próximo 27 de diciembre, la última del año. Básicamente se trata de refrendar el acuerdo firmado el 16 de noviembre pasado entre todos los gobernadores, excepto el de San Luis, y la Nación por la reforma del impuesto a las Ganancias, la reforma previsional, los cambios en Ingresos Brutos y la resignación de los juicios que cada provincia tenía por el reparto de la coparticipación federal, entre otros temas.
En el mensaje que acompaña el proyecto, Vidal plantea a los legisladores que «dicho consenso contempla una serie de compromisos asumidos por las partes firmantes tendientes a armonizar las estructuras tributarias de las distintas juridicciones de forma tal de promover el empleo, la inversión y el crecimiento económico y promover políticas uniformes que posibiliten el logro de esa finalidad común».
Agrega también que «en dicho consenso, las partes acordaron una solución integral y realista a los más de 50 conflictos judiciales suscitados entre ellas vinculados a la distribución de los impuestos nacionales, afectaciones especificas de recursos y transferencias de competencias, servicios o funciones, con el fin de emprender un diálogo institucional que desemboque en una nueva ley de coparticipación federal de impuestos».
Vidal necesita que la Legislatura refrende el pacto fiscal para cumplir con los compromisos que asumió y para que la Provincia quede habilitada a recibir la compensación por la eliminación del Fondo del Conurbano que, hasta ahora, estaba congelado en 650 millones de pesos al año.
En el marco del acuerdo fiscal, Nación aportará a Buenos Aires 40 mil millones de pesos en 2018 y 65 mil millones en 2019. A cambio, el Ejecutivo bonaerense aceptó retirar la demanda presentada el año pasado ante la Corte Suprema de Justicia para que se actualice el Fondo del Conurbano y se le pague a la provincia el retroactivo de los últimos cinco años calculado en alrededor de 400 mil millones de pesos. Una vez que la Legislatura bonaerense adhiera al acuerdo, la Fiscalía de Estado retirará el reclamo judicial.
