Milagro Sala fue internada el lunes en la sala de terapia intermedia del Sanatorio Los Lapachos de San Salvador de Jujuy con un cuadro de trombosis venosa profunda en su pierna izquierda. Le apostaron varios efectivos de la Policía de la provincia, armados, a centímetros de la cama, a pesar de la recomendación del personal médico que indicaba reposo y calma. Los policías, cuya sola presencia ya constituía un acto de intimidación, usaban sus celulares para registrar, tomar fotos, filmar e informar.

La preocupación inicial por la salud de Milagro sumó la indignación por, una vez más, el hostigamiento policial y judicial. Tras presentaciones del equipo de salud convocado por la defensa de la dirigente social, y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, entre otras, el juez Cattan ordenó el martes que se retiraran los uniformados.

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Esa misma noche, el presidente Alberto Fernández se comunicó con la familia de Milagro, preocupado por su salud. El miércoles, pasadas las 11 de la mañana, aterrizaba en el Aeropuerto Horacio Guzmán junto con la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; el diputado Eduardo Valdés, y el asesor y filósofo Ricardo Forster.

En la puerta del sanatorio, ya se habían reunido militantes de la organización Tupac Amaru, con carteles de apoyo a la dirigente social.

«Pido a los tribunales jujeños y a la Corte Suprema que empecemos a enmendar las barrabasadas que se hicieron; que cesen de una vez y para siempre, en Jujuy y en cualquier lugar de la república, este tipo de acciones», reclamó Fernández en la breve conferencia de prensa que brindó en el hall del sanatorio, después de haber estado conversando con Milagro un buen rato.

El presidente se cuidó, una vez más, de nombrar siquiera al gobernador Gerardo Morales. En cambio, centró su planteo en la cuestionada Justicia jujeña, revelando un conocimiento detallado de la situación. Habló de “un sistema de persecución”, de “causas inventadas” y de violaciones a los Derechos Humanos. Se dirigió a los jueces jujeños y les pidió que respeten las leyes argentinas, que no haya “presiones políticas ni intencionalidades persecutorias”.

En simultáneo, Gerardo Morales encabezaba un acto de inauguración de una escuela en Alto Comedero. Allí expresó lo que después plasmó en una carta abierta al presidente que difundió en sus redes sociales. Con el espontáneo enojo con el que habló, expresó su deseo de que Milagro Sala se recuperara pronto “pero para que cumpla sus condenas en una cárcel común”, aclaró. Una expresión que fue suavizada en el texto escrito al eliminarle la palabra “pero”.

Si acaso quedaban dudas sobre el manejo personal que hace el gobernador de Jujuy del Poder Judicial provincial, su respuesta pública a la visita que le hizo el presidente Alberto Fernández a Milagro está escrita en primera persona y se refiere a aspectos puntuales de supuestas causas que pesan sobre la dirigente social. Supuestas, porque menciona hechos y expedientes con los que Milagro no está vinculada pero forman parte del imaginario construido con precisión desde diciembre de 2015. Pero en Jujuy ya es conocida la estrategia de la confusión, mediante la cual se busca neutralizar cualquier intento de aclaración o desmentida. Y ya se sabe que en el río revuelto se entreveran el barro y la verdad.

El silencio de las togas

Desde el sistema judicial jujeño la respuesta a los dichos del presidente fue el silencio. Ni jueces ni fiscales ni el Colegio de Magistrados ni el Superior Tribunal de Justicia recogieron el guante. La interpretación circuló por esas horas en forma de broma campera: “Hay que pegarle al chancho para que salte el dueño”.

Fieles a la premisa de que los jueces hablan a través de sus fallos, el jueves la Justicia notificó a Milagro que debe cumplir una condena de dos años, hasta el 21 de junio de 2024, a pesar de que se trata de una pena que ya está cumplida. Lo hizo a través de una cédula que llevó una persona del Servicio Penitenciario jujeño que entró al sanatorio sin anunciarse, la zamarreó para despertarla y le entregó el documento firmado por el juez Cattan.

Se trata de la causa conocida como “de las bombachas”, un expediente en el que Sala fue acusada del delito de amenazas y cuyo juicio se desarrolló en 2017. Mediante un creativo nuevo cómputo, el juez concluyó ahora que esa condena debía empezar a cumplirse el 20 de junio de este año.

La defensa de la dirigente social advierte que “se trata de una interpretación completamente ilegal en la que el juez busca computar desde cero una pena que ya está cumplida, ante las presiones de Morales y del Ministerio Público de la Acusación”.

Con respecto a las formas, los abogados describieron la situación como “una nueva forma de alterar la salud física y mental de Sala”. Tras recibir la cédula, contaron, Milagro quedó conmocionada, “justamente lo que hay que evitar, de acuerdo con el personal médico”.

Pedido de informes

Los hechos de los últimos días provocaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enviara al gobierno nacional un pedido para que, antes del 13 de julio, informe sobre la situación de Milagro Sala.

Es que en 2017 ese organismo internacional dictó una medida provisional que ordenó proteger la integridad física y psíquica de la dirigente social por la persecución judicial y política de la que verificó que era víctima. Dicha resolución, además, fue ratificada luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y es la que determinó que Milagro abandonara el penal de Alto Comedero y se le concediera el derecho a mantener prisión domiciliaria.

De intervenciones

El mismo jueves hubo sesión en la Cámara de Senadores de la Nación. Allí, el legislador justicialista jujeño Guillermo Snopek volvió a denunciar la falta de estado de derecho y división de poderes en la provincia, luego de que su par Silvia Giacoppo, radical y fan de Morales, rechazara a viva voz la visita del presidente a Milagro e incluso pusiera en duda la veracidad del diagnóstico médico.

“La Justicia de Jujuy es el instrumento de acallar las voluntades políticas”, afirmó Snopek, quien en 2020 presentó el primer proyecto de intervención al Poder Judicial jujeño, que no llegó a tener dictamen y perdió estado parlamentario. Hay un segundo proyecto en el mismo sentido, elaborado por diputados de Patria Grande en el Frente de Todos y presentado en marzo pasado en un acto del que participó el dirigente social Juan Grabois y la propia Milagro Sala por videoconferencia.

También la diputada nacional jujeña Carolina Moisés habló en la sesión del viernes de “los manejos turbios del gobernador Gerardo Morales y su manipulación del Poder Judicial en la provincia” y advirtió que están en riesgo las garantías democráticas de los ciudadanos de Jujuy.

No solo la institución judicial guardó silencio tras los severos cuestionamientos expresados por el presidente. También se mantuvo indiferente el Partido Justicialista local. Su presidente, el legislador provincial Rubén Rivarola, propietario de El Tribuno, es fuertemente cuestionado por su amable y colaborativa cercanía con el gobernador Morales. «