Hoy se cumple un año desde que Axel Kicillof asumió al frente de la Gobernación. ¿Qué pasó en estos 365 días? El repaso de una gestión atravesada por la pandemia que obligó a postergar planes y fijar nuevas prioridades. La pesada herencia de María Eugenia Vidal, la relación con la oposición, la negociación con los gremios, los planes para el año electoral.
El gobernador no tuvo un arranque fácil. Asumió un día después que el presidente Alberto Fernández y el sillón de Dardo Rocha lo recibió con una huelga de hambre en las cárceles en reclamo de mejores condiciones de detención, una deuda millonarias con proveedores, una suba de la luz del 25% ya decretada por su antecesora y vencimientos de pago de deuda por más plata de la que había en la caja. La herencia que recibía de Cambiemos no era una novedad para Kicillof: a lo largo de la campaña, él mismo se había encargado de remarcar cuáles eran los problemas históricos que la gestión de Vidal había profundizado.
Más rápido de lo que pensaba, la oposición le mostró que iba a hacer valer su mayoría en el Senado provincial. No llevaba ni 20 días en el cargo cuando la relación se tensó. Fue con la ley impositiva que el Ejecutivo envió antes de la Navidad y que Juntos por el Cambio terminó aprobando, ya en enero, luego de forzar cambios a favor de las cerealeras y los cableoperadores, que implicaron 10 mil millones menos en la recaudación.
Poco después, en enero, llegó el primer vencimiento de deuda en moneda extranjera y arrancó la compleja negociación con los acreedores. La primera propuesta para reperfilar fue a los tenedores del bono BP21. Pese a tener una postura inflexible en un primer momento, no logró el consenso necesario y debió pagar para no entrar en default. A partir de allí, Kicillof realizó una propuesta que todavía no fue aceptada y prorrogó el plazo de renegociación por décima vez esta semana. Una materia pendiente que deberá resolver en 2021.
Ya en marzo, la irrupción del coronavirus cambió los planes de la gestión cuando sólo llevaba tres meses en la Gobernación. El decreto que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio se extendió por siete meses. El objetivo que se planteó fue reforzar el sistema de salud provincial: comprar camas y respiradores, acondicionar hospitales, contratar personal y prepararse para lo peor.
El «pico» de contagios finalmente llegó a fines de agosto, cuando el aislamiento social, preventivo y obligatorio ya llevaba cinco meses, y el sistema de salud no colapsó. El gobierno invirtió más de 22 mil millones de pesos en recursos para incrementar la capacidad sanitaria. «Todo el mundo tuvo una cama, un respirador y un médico al lado cuando lo necesitó», repite Kicillof y defiende la cuarentena de los detractores: «Nos dio tiempo y evitó una catástrofe».
La flexibilización total en el Conurbano -el área que más preocupaba por la densidad poblacional y las condiciones de vulnerabilidad- se dio a comienzos de noviembre. Aún hoy con los casos en baja, los 135 municipios en etapa de distanciamiento y la vacuna rusa pronta a llegar, Kicillof pide no relajar los cuidados. «La pandemia no terminó», repite en cada conferencia y en cada entrevista.
La protesta de la Policía bonaerense fue el conflicto de mayor tensión para Kicillof en su primer año de gestión. El reclamo salarial, que arrancó en las puertas de la residencia oficial en La Plata el 7 de septiembre, se extendió al Conurbano y llegó incluso a las puertas de la residencia de Olivos, en un clima enrarecido. Duró 72 horas y se desactivó finalmente cuando Kicillof dispuso una suba que llevó el salario de bolsillo de 37 mil a 49 mil pesos. Los sueldos de los agentes arrastraban un atraso del 29% de la era Vidal.
El presidente Alberto Fernández tomó una decisión clave para que la provincia pudiera solventar el incremento y dar por cerrado el conflicto: transfirió 1,18% de la coparticipación que recibe la Ciudad Autónoma a la Provincia. Con ese dinero, se conformó el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad en el Conurbano. La quita terminó de resentir la relación que Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habían mantenido a lo largo de la cuarentena cuando se reunían cada tres semanas a definir las flexibilizaciones a un lado y otro de la avenida General Paz.
El incremento a la policía generó además un efecto dominó con los gremios estatales. Docentes, médicos, judiciales y administrativos le reclamaron al Ejecutivo reanudar las paritarias que habían quedado en stand by por el coronavirus. Se abrió así la segunda etapa de negociación -luego de la que había ocurrido en marzo y abril- y se acordaron subas promedio con cada sector de entre 28% y 32%, pases a planta y suba de asignaciones familiares.
Más allá de los matices con cada sector, Kicillof logró sostener el diálogo con los gremios y se diferenció de Vidal quien había mantenido una guerra fría con los sindicatos, en especial con el Frente de Unidad Docente. En un gesto hacia los maestros, el gobernador dejó sin efecto los sumarios administrativos que su antecesora les había iniciado por realizar paro.
Otro conflicto que marcó la segunda mitad del año fue la toma de tierras en distintos puntos de la provincia. La más grande ocurrió en Guernica, partido de Presidente Perón, y terminó con un desalojo judicial, ejecutado por la policía bonaerense, el 29 de octubre. Ese final fue un trago amargo para Kicillof que durante más de un mes intentó con el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, que todas las familias se retiraran del lugar de manera voluntaria, previo acuerdo con la Provincia.
Ya en los últimos meses, Kicillof presentó sus planes para reactivar la economía provincial en la postpandemia. Lanzó el programa «Provincia en marcha» con eje en la producción, la obra pública y el empleo, y también el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat que prevé la construcción de 33.600 viviendas sociales y la generación de 91 mil lotes con servicios en los próximos tres años.
El aniversario del primer año de gestión encuentra a Kicillof embarcado en una dura negociación con la oposición por el presupuesto 2021 -el primero que presenta- y la ley impositiva, dos proyectos esenciales para encarar su segundo año, que además será electoral.
Juntos por el Cambio reclama fondos, obras y cargos en organismos de control y, aunque hubo avances, todavía las posiciones están lejos. También hay un frente abierto con los intendentes del propio espacio que se sumaron a los pedidos opositores. El gobierno confía en llegar a un acuerdo para votar las dos leyes, en simultáneo, el próximo jueves y llegar a Navidad sin sobresaltos.
La base del presupuesto es un ambicioso plan de obra pública, que incluye 10 mil viviendas, rutas, agua y cloacas, caminos rurales, cárceles y obras en escuelas y hospitales. Ese será el caballito de batalla de Kicillof para 2021, el año en que los bonaerenses evaluarán su gestión en las urnas.
