El domingo 8 de julio de 2018, el juez Rogerio Favreto ordenó la liberación de Lula da Silva ante un planteo de la defensa del expresidente, detenido tres meses antes en el edificio de la Policía Federal de Curitiba. 

Desde Lisboa, donde hacía turismo, Sergio Moro, juez emblema de la lucha contra la corrupción, llamó al jefe de la PF para avisarle que no lo podía dejar en libertad. Otro juez, Joao Pedro Gerán Neto, ratificó a las apuradas la orden de Moro.

Este jueves, tras más de un año de reclamos y de haber demorado una decisión sobre la inconstitucionalidad de detenciones sin sentencia firme, el Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5,aceptó el reclamo del ex dirigente metalúrgico. El viernes, el juez Danilo Pereira Júnior impartió la orden de dejarlo libre y la PF cumplió aceleradamente. Sergio Moro, ministro de Justicia, esta vez no pudo hacer nada.

¿Qué viento sopla ahora, contra el pesimismo de muchos que suponíamos que el bolsolarismo conservaba poder de fuego como para impedir la libertad del recluso más incómodo de Brasil?

Entre otras cosas, pasó que el establishment pensó que al sacar a Lula de la presidencial un candidato de derecha del sistema podría resultar electo en octubre pasado. Pero el emergente de esa crisis generada con el impeachment a Dilma fue un extremista como Jair Bolsonaro, peligroso hasta para quienes se beneficiaron de la caída del PT.

No es que esas fuerzas sean democráticas, pero el excapitán del Ejército preocupa incluso a sus pares de esa fuerza, de la que fue expulsado por desobedecer a las jerarquías. No tranquiliza siquiera que su vicepresidente y la mayoría de su Gabinete sea gente de uniforme.

Pasó, también, que el portal The Intercept Brasil reveló comunicaciones entre Moro y el equipo de fiscales donde se comprueba cómo se manipuló la causa para dejar a Lula en prisión y sacarlo de la elección. Y si fue difícil de explicar cómo el juez responsable de esa causa terminó siendo ministro del mandatario que se favoreció con sus fallos, cuánto más irritó a los miembros del poder judicial conocer las maneras oscuras en que se utilizó el sistema jurídico para perseguir a un dirigente político.

Pasó, además, que algunos de los medios que apoyaron a Bolsonaro ahora publican las oscuras relaciones entre la familia presidencial con casos de corrupción y con el asesinato de la concejal Marielle Franco.

Influye, por supuesto, el triunfo de Alberto Fernández y su postura en favor de Lula Libre, lo que ya generó una crisis en el Mercosur. Pero ese bloque regional ya venía golpeado por el plan del gobierno brasileño para liberalizar el comercio exterior común bajando aranceles a niveles mínimos.

Bolsonaro, hoy día, no tiene freno institucional dentro de Brasil. Muchos de los que facilitaron su llegada al Planalto ahora se agarran la cabeza y Lula aparece como el único capaz de marcar la cancha.

Esta semana llega a Buenos Aires una delegación de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), la cámara empresarial más poderosa de América Latina. Se supone que para tratar de poner paños fríos entre Argentina-Brasil, ya que los canales diplomáticos parecen rotos. ¿O vienen a pedirle que cumpla el mismo papel que Lula a nivel político en Brasil, pero en defensa de las industrias locales? «