Vestida con un traje de estadista, acaso analista política, ajeno a su rol de jueza, María Romilda Servini dispuso la intervención del Partido Justicialista y designó como normalizador al sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo. Según la octogenaria magistrada, “ha producido en los hechos una traumática escisión por el accionar de quienes aun siendo autoridades partidarias abandonaron la agrupación a su suerte, para formar nuevas estructuras que compitieron contra el Partido Justicialista, con la sola esperanza de obtener alguna ventaja electoral”. El tiro parece apuntar a un blanco fijo.

Servini dispuso la intervención porque “los adversos resultados electorales obtenidos en los dos últimos procesos electorales (elecciones nacionales de los años 2015 y 2017), han profundizado la división interna que venía gestándose con antelación”. En ese contexto, “la derrota en los comicios presidenciales como así también el fracaso en el acto electoral para elegir gobernador en el distrito más grande del país, han provocado una crisis en la conducción partidaria difícil de superar (…) Resulta necesario forzar la memoria a efectos de poder encontrar una crisis política e institucional como la que afecta al Partido Justicialista de Orden Nacional en la actualidad”.

La jueza justificó la intervención en dos derrotas electorales y en los mandatos vencidos de las autoridades. Con esos criterios, los próximos pasos deberían ser las intervenciones de otras fuerzas políticas, incluso en algunos casos con efecto retroactivo, atento a las alianzas y partidos que no sólo perdieron en los comicios sino que ni siquiera consiguieron completar sus mandatos cuando fueron elegidas para gobernar.

Lo mismo aplica para otra evaluación de la jueza: “En los últimos comicios nacionales y provinciales del año 2017, reconocidos dirigentes partidarios apoyaron candidaturas de partidos o frentes políticos de los que el Justicialismo no formó parte o directamente se han postulado como candidatos de esas agrupaciones que compitieron en el último proceso electoral contra el partido fundado por el General Perón”.

Servini dispuso la intervención a pedido de sindicalistas enrolados en las 62 Organizaciones, el ala más dialoguista (y cercana al gobierno) del sindicalismo argentino. El planteo fue cursado por el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garage y Playas de Estacionamiento (SOESGYPE), del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) y del Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA). No son los únicos: hay otros dos pedidos de intervención que tramitaban ante el juzgado federal con competencia electoral.

“Desde el año 2012, venció el mandato de los integrantes del Consejo Nacional, venció también el mandato de los Apoderados y se verifica, por lo menos, el delito de desobediencia de los usurpadores”, sostuvo la magistrada.

“El reclamo de Intervención Judicial se expande no solo de manera territorial como pedido propio de afiliados de numerosas provincias, sino que también se amplía la representación de los solicitantes, que provienen tanto de sectores sindicales como de sectores políticos”, completó.

El fallo es una larga enumeración de consideraciones políticas, un convite a la judicialización de la política por una vía hasta ahora inexplorada: las opiniones personales transformadas en postulados legales para resolver sobre la organización y la vida interna de una fuerza.

“Cuando la dirigencia política se aleja de las personas y transita por senderos separados a los que recorre la ciudadanía, el mandato otorgado por el pueblo se ve traicionado en su origen, al quebrantarse la misión fundamental de la acción política. Lo que debiera constituir un servicio desinteresado en favor de los semejantes, se transforma –producto de la ambición personal plasmada en interminables conflictos internos-, en un intento de obtener cualquier ventaja política para conseguir alguna posición de poder en beneficio propio y de los circunstanciales aliados”, opinó Servini.

Pero además, profetizó que “en estas condiciones, el futuro cercano presenta para el Partido Justicialista un camino difícil de transitar, ante la ausencia de ideas o proyectos bien definidos, que permitan consensuar claramente cuál es la misión que debe cumplir el partido Justicialista en el actual momento político de la Nación y como debe actuar en el nuevo rol de partido de la oposición que actualmente le toca desempeñar”.

“La historia del peronismo se encuentra plagada tanto de lealtades como de traiciones y las heridas que dejan las luchas intestinas provocan una sangría difícil de curar”, concluyen las 12 páginas de revisionismo histórico-político que firmó la jueza.