Finalmente, a 5 meses del escándalo, la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso retó al ministro Jorge Triaca por su falta de “prudencia” al contratar a una empleada como interventora de la sede de San Fernando del Sindica de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), intervenido por su ministerio.

“Hacer saber al Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Alberto Jorge Triaca, que debió actuar en forma prudente y no consentir la contratación de la Sra. Sandra Heredia en el SOMU”, resolvió la OA en el artículo 1 del texto firmado por Laura Alonso este martes.

“En lo sucesivo, deberá evitar la adopción de decisiones que pongan en riesgo la imagen que debe tener la sociedad respecto de la función pública, generando dudas sobre su integridad o la de su jurisdicción”, indicó.

En enero de este año, Triaca echó e insultó por mensaje de audio a Sandra Heredia, quien trabajaba como casera de la quinta de la familia del ministro.

A partir de la difusión del hecho, se conoció que la mujer había sido contratada por Triaca en el SOMU, intervenido por la justicia, de donde obtenía parte de su sueldo.

En la misma resolución de la Oficina Anticorrupción se incluyó el descargo que realizó Triaca.

“… como siempre ocurre, hay seccionales o delegaciones más tranquilas y otras más conflictivas; ello implica que en algunos casos sea más sencillo contar con personal idóneo y confiable, y que en otros casos se complique más encontrar personal que esté dispuesto a afrontar los riesgos de atender una intervención de estas características”, por lo que “… las condiciones personales, así como el conocimiento previo y la confiabilidad se tornan requisitos esenciales al momento de seleccionar el personal adecuado para las múltiples y delicadas tareas a desarrollar”, justificó Triaca.

El funcionario reconoció que Heredia conoció al interventor Alberto Bertonasco en su casa quinta y “entendió que reunía las condiciones de idoneidad y confiabilidad necesarias para desarrollar tareas en una delegación que presentaba rasgos y situaciones de hostilidad que requerían condiciones especiales para su abordaje”.

“… la contratación se realizó exclusivamente por las razones y motivaciones antes expuestas” y “… no se infringió ninguna norma ni reglamentación vigente como resultado de esta contratación”, aseguró Triaca.

Según el dictamen de la OA, Triaca “no debió consentir la referida contratación” ya que “su relación laboral con el hermano del Sr. TRIACA y la circunstancia de que sea ésta la persona que prestaba servicios los fines de semana al Ministro y a su familia, podría generar legítimas dudas respecto de los motivos que fundaron la vinculación de empleo con el SOMU así como la influencia del funcionario sobre su contratación, sobre todo ante la inexistencia de procedimientos de selección específicos para dicho puesto de trabajo que acrediten la aptitud para su ejercicio”.

En redes sociales, Laura Alonso detalló que “a Oficina Anticorrupción no tiene atribuciones legales para sancionar a funcionarios políticos” y que “este tipo de dictámenes buscan generar estándares de conducta ética alineada a los principios generales y la promoción de una cultura de integridad en el sector público”.