Es el pronóstico de la misión que acompañó al ministro Daniel Arroyo en las localidades limítrofes con Bolivia y Paraguay, donde murieron tres niños wichi en una semana. Una sequía agravó los problemas estructurales de la zona. Temen más casos de desnutrición, acelerada por el consumo de agua contaminada.
“Es una combinación explosiva: la falta de agua profundiza los problemas de salud, que ya son delicados por la falta de alimentación adecuada y la ausencia de empleo”, explicó a Tiempo una fuente de la cartera asistencial. Arroyo viajó acompañado por ocho funcionarios a bordo de un avión enviado por Sáenz para atender la urgencia, porque el ministerio no cuenta con un medio de transporte propio para afrontar situaciones de este tipo.
“Puede pasar en cualquier otro lugar de la zona -alertó el funcionario-, porque hay temperaturas superiores a los 40° que empeoran la sequía, comunidades alejadas y escaso acceso al agua. No es sólo un problema alimentario. El caso, además, empeora por la ausencia de obras hídricas que no hizo ningún gobierno en los últimos 30 años o más”, se lamentó la fuente y apuntó la llegada de técnicos del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) del Ministerio del Interior.
La zona más crítica y vulnerable fue identificada en las poblaciones de Santa Victoria Este, Rivadavia y La Puntana. Una parte de la misión de funcionarios se quedó en esa localidad para desarrollar un operativo junto al gobierno provincial para atender la crisis.
No será fácil: el ministerio tiene un depósito de alimentos para atender a todo el norte argentino ubicado en la provincia de Tucumán, y casi no tiene provisiones. “No dejaron alimentos porque la cadena de pagos del ministerio está cortada y eso genera una serie de problemas administrativos muy complejos para resolver la situación”.
Este lunes llegaron los primeros envíos de módulos con comida y agua envasada, pero la cartera social prevé la distribución de 65.000 tarjetas alimentarias.
El escenario sanitario es delicado porque “las madres ya están complicadas por haber consumido agua contaminada”, un problema que aumenta la vulnerabilidad de la población infantil, que está muy expuesta ante la sequía, en medio de una situación económica crítica.
La tasa de desocupación en Salta es del 8,8% y de subocupación del 14,7% según las mediciones del INDEC para el tercer trimestre de 2019. Sin embargo, en la zona norte de la provincia, poblada por comunidades rurales e indígenas que viven del monte, la crisis ha golpeado más duro. “En la zona la mayoría de los trabajadores se quedaron sin changas y tampoco pueden talar porque es ilegal. Es decir que fueron originalmente afectados por el desmonte inicial de la zona, y ahora también por la ausencia de ese desmonte, porque no pueden talar”, detalló el funcionario consultado para reflejar la complejidad del escenario.
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