El gobierno nacional recibió a la dirigencia del sindicato docente, con el diputado Hugo Yasky, titular de la CTA, a la cabeza, un día antes del lanzamiento del Consejo Económico y Social. A la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso y al titular de la regional bonaerense ( Suteba), Roberto Baradel, el presidente Alberto Fernández les dijo de primera mano, lo que les había dicho a los sindicalistas cgetistas la semana pasada: no van a perder contra la inflación. La llave, según repite, no está tanto en los aumentos salariales sino en el control del costo de vida.

¿Cuál es entonces la estrategia con la que el gobierno buscará lograr ese objetivo y, con ello, sostener la reducción de los niveles de pobreza que empezaron a insinuarse en el último trimestre de 2020? Será una misión en la   que desplegará un esquema de pinzas mientras se trabaja en el largo plazo a través del Consejo Económico y Social lanzado el viernes en el Centro Cultural Kirchner.

El Secretario de Planeamiento Estratégico, Gustavo Béliz, explicó que el Consejo “va a tener un horizonte de mil días de trabajo, se va a organizar en cinco misiones estratégicas para la vida del país, tendrá cada una cinco proyectos transformadores para discutir los problemas que hacen al corazón y la esencia de la Argentina”.

Los integrantes del Foro se reunirán por primera vez durante la primera semana de marzo y serán asesorados por más de 100 investigadores del Conicet y por un grupo de expertos internacionales, entre ellos, Ricardo Lagos, Dilma Rousseff y José Mujica, expresidentes de Chile, Brasil y Uruguay, respectivamente; y los economistas Jeffrey Sachs, Luigino Bruni y Rebeca Grynspan.

Pero en el corto plazo, el gobierno seguirá la ruta que se trazó desde que comenzó a a pensar la forma de empujar la economía cuando comiencen a atenuarse los efectos devastadores de la pandemia. Alinear precio de alimentos y salarios y sostener el apoyo a los sectores más afectados a través de las herramientas del Ministerio de Desarrollo Social.

Esta semana continuará el reunionismo sectorial en la Casa Rosada. Los representantes de la industria de la construcción, la tecnología y alimentos serán convocados a exponer sus números y analizar las distintas cadenas de valor (ver página 6).

El gobierno quiere construir un perfil de mayor rigurosidad en los controles. Es por eso que, además de la intimación a las empresas y la obligatoriedad de comenzar a registrar los contratos de alquiler, el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, de acuerdo con el Comité de Evaluación y Monitoreo del programa ATP, solicitó llevar adelante una auditoría integral que abarque la actuación de las autoridades administrativas que intervinieron en el análisis y concreción de los beneficios contemplados en ese programa, y de las acciones en curso para verificar el cumplimiento de los requisitos previstos para mantener los beneficios.

Emergencia alimentaria

Otro eje de este esquema de pinzas que puso en marcha el gobierno está en el sostenimiento de la emergencia en los sectores más empobrecidos. Daniel Arroyo no solo mira los índices de pobreza desde el Ministerio de Desarrollo Social, sino que el ojo también está puesto en la indigencia, la variable que mide el sector más castigado. A partir del viernes 19, el monto que se depositará en la Tarjeta Alimentar para familias con un hijo pasó de 4000 a 6000 pesos y para quienes tengan más de un hijo, de 6000 a 9000 pesos. Es que el gobierno consiguió que el Banco de Desarrollo de América Latina aportara un crédito de 300 millones de dólares para el financiamiento de la Tarjeta Alimentar que se sumará al aprobado a fines de 2020 por la misma suma. Son dólares frescos en un momento de escasez de la divisa, que van directo a las manos de los sectores populares que compran en pesos en el mercado interno, en especial, en el rubro de los alimentos, industria que tiene origen nacional en su gran mayoría.

El otro factor al que apuesta la Casa Rosada es la sanción de los nuevos mínimos imponibles del Impuesto a las Ganancias que, se descuenta, volcarán una buena masa de dinero al consumo. El proyecto que fija un nuevo piso de 150 mil pesos de remuneración mensual para empezar a pagar el tributo marcará el inicio del segundo año legislativo de la gestión de Alberto Fernández, ya que será la primera norma que se sancione durante el período ordinario que comenzará tras la Asamblea Legislativa del próximo 1 de marzo.   «