Las investigaciones por presunta corrupción de funcionarios durante el período 2003-2015 seguirán en las mismas manos y en las mismas condiciones que hasta ahora, independientemente de que se apruebe o no el proyecto de ley de Reforma Judicial cuya remisión al Congreso está prevista para la semana que comienza.

El gobierno le garantizó al Poder Judicial que no habrá cambios. La Reforma “es para adelante”. De hecho, en la reunión del jueves pasado de la Comisión de Selección y Escuela Judicial que comenzó a tratar la legalidad de los traslados de jueces de un tribunal a otro salteando los mecanismos para la designación de magistrados quedó claro que todo lo actuado hasta ahora es válido. Dicho de otro modo: las decisiones de dos de los jueces más cuestionados, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, no serán revisadas ni modificadas aun cuando ambos no continúen en sus cargos.

La Reforma modificará el funcionamiento de la Justicia Federal en todo el país. Aunque el foco está centrado en Comodoro Py 2002. No parece haber grandes novedades respecto del proyecto que insinuó el presidente Alberto Fernández en un reportaje el domingo pasado con Página/12: una suerte de fusión del fuero penal federal con el penal económico; cada juzgado de primera instancia tiene dos secretarías, que se dividirían. Cada juzgado quedaría con una secretaría y la otra pasaría a ser un juzgado vacante. Habrá que abrir concursos para nombrar a 23 nuevos magistrados para el nuevo fuero federal, que quedaría así conformado por 46 jueces de primera instancia, casi el cuádruple de los 12 actuales.

Con todo, el cambio más importante parece ser la implementación del sistema acusatorio. Simple: los jueces dejarán de ser amos absolutos del expediente y pasarán a controlar el debido proceso. Las investigaciones quedarán en manos de los fiscales, para que en tiempos acotados reúnan la prueba e impulsen el juicio oral. Si todo funcionara, nunca más habría procesos de 15 o 20 años sin sentencias.

“Se le quitará al juez el poder de sentarse sobre el expediente, ponerlo arriba o abajo en la pila, decidir qué hace y cuándo lo hace, manipular los tiempos”, explicó el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones. ¿Puede ser el mismo perro con distinto collar? “Eso va a depender de quién sea el procurador general de la Nación, que está controlado por una comisión bicameral del Congreso”. El gobierno postuló para ese cargo al juez federal Daniel Rafecas, pero el macrismo, que lo propuso como camarista durante su gestión, hoy lo rechaza como futuro jefe de los fiscales.

La Reforma dejará malheridos a los actuales jueces nacionales de instrucción. En el proyecto que durante la presidencia de Néstor Kirchner ideó Gustavo Béliz iban a pasar a ser jueces federales. Hoy esa idea quedó virtualmente descartada por resistencia de la propia corporación judicial, en especial un sector de la Cámara Federal de Casación Penal. Buena parte de los jueces nacionales no aceptarán pasar a ser magistrados locales. Y habrá renuncias. «